México y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo para la entrega de agua bajo el Tratado de 1944, luego de la presión del presidente Donald Trump, quien amagó con imponer aranceles si no se cumplía con el compromiso.

El gobierno de México anunció la liberación de más de 249 millones de metros cúbicos de agua, sin afectar el consumo humano ni la producción agrícola.
El gobierno de México anunció la liberación de más de 249 millones de metros cúbicos de agua, sin afectar el consumo humano ni la producción agrícola. Créditos: Especial

El gobierno de México informó que alcanzó un acuerdo con Estados Unidos sobre la gestión del agua bajo el Tratado de Aguas de 1944, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump amenazara con imponer un arancel del 5% si no se entregaba el líquido pendiente para agricultores de Texas.

Las negociaciones se llevaron a cabo de forma virtual durante esta semana y estuvieron encabezadas por el subsecretario para América del Norte y encargado de despacho de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco. En el encuentro también participaron el secretario de Agricultura, Julio Berdegué, y el titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales.

En un comunicado, el gobierno mexicano aseguró que no ha incurrido en ninguna violación al Tratado y subrayó que las entregas realizadas se han hecho dentro de los límites operativos, la disponibilidad hidrológica y la infraestructura de la región, en un contexto de sequía extraordinaria que afecta a ambos países.

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México y EE.UU. alcanzan acuerdo por el Tratado de Aguas.  Créditos: Especial

Entregas de agua y puntos clave del acuerdo

Como parte del entendimiento alcanzado, México expresó su intención de liberar 249.163 millones de metros cúbicos de agua a Estados Unidos, con entregas que iniciarían en la semana del 15 de diciembre. Además, ambos gobiernos acordaron definir un plan para atender el déficit del ciclo anterior, el cual deberá quedar concluido a más tardar el 31 de enero de 2026.

En el acuerdo conjunto se establecieron cinco puntos principales, entre ellos el reconocimiento de la importancia de cumplir con las obligaciones del Tratado, el compromiso de mejorar la gestión oportuna del recurso y la disposición de seguir trabajando de manera cooperativa a través de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA/IBWC).

Las autoridades mexicanas reiteraron que las acciones emprendidas buscan garantizar el derecho humano al agua y proteger la producción agrícola en la frontera, sin afectar a la población nacional.

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A partir del 15 de diciembre, México deberá liberar 249.163 millones de metros cúbicos de agua. Créditos: Especial

El amago de Trump

El acuerdo se dio tras las declaraciones del presidente Donald Trump, quien acusó a México de incumplir el Tratado de Aguas y amagó con imponer un arancel del 5% a productos mexicanos si no se liberaba el agua adeudada a Texas antes de enero de 2026.

"México sigue violando nuestro tratado integral sobre el agua", escribió Trump el pasado 8 de diciembre en su red Truth Social, al advertir sobre sanciones comerciales en caso de no recibir más de 200 millones de metros cúbicos de agua antes de finalizar el año.

TE PUEDE INTERESAR: "Amenaza para Texas y California": El video que Trump publicó contra México

¿Qué es el Tratado de Aguas de 1944?

El Tratado de Aguas de 1944 fue firmado el 3 de febrero de ese año y regula el aprovechamiento de las aguas de los ríos Colorado, Tijuana y Bravo (Grande) entre México y Estados Unidos.

El acuerdo establece que Estados Unidos debe entregar anualmente a México mil 850 millones de metros cúbicos de agua del río Colorado, mientras que México debe enviar a Estados Unidos un promedio quinquenal de 432 millones de metros cúbicos del río Bravo.

Washington sostiene que México mantiene un déficit acumulado de más de mil millones de metros cúbicos en los últimos cinco años, mientras que el gobierno mexicano insiste en que ha cumplido conforme a la disponibilidad real del recurso y dentro del marco del Tratado.

Las negociaciones continúan para asegurar una implementación que, según ambas partes, sea equilibrada y beneficiosa para los ciudadanos de ambos países.


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