García Luna apela sentencia en Estados Unidos; acusa presuntas irregularidades

La defensa de Genaro García Luna volvió a llevar el caso a los tribunales estadounidenses. El exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón impugnó formalmente el juicio y la sentencia de 38 años de prisión dictada por la Corte del Distrito Este de Nueva York, al sostener que el proceso estuvo marcado por irregularidades graves que comprometieron su derecho a un juicio justo.

Los abogados César de Castro y Valerie Gotlib presentaron ante la Corte de Apelaciones un recurso en el que acusan violaciones al debido proceso, ocultamiento de pruebas por parte de la fiscalía y la utilización de testimonios presuntamente falsos. En el documento, afirman que el juicio quedó “irremediablemente contaminado”, por lo que solicitan “la anulación del juicio o, en su defecto, la reposición total del procedimiento”.

Una apelación extensa y técnica: el alcance del nuevo recurso legal

El escrito de apelación consta de 78 páginas, acompañadas por 22 apéndices que suman cerca de 4 mil 600 hojas. Fue presentado el 18 de diciembre, último día del plazo ampliado que la corte otorgó a la defensa para estructurar su estrategia legal.

A lo largo del documento, los abogados desarrollan cinco ejes principales que, aseguran, evidencian fallas estructurales en el juicio celebrado ante el juez Brian Cogan, el mismo que ha presidido otros procesos de alto perfil vinculados al narcotráfico mexicano.

Testigos bajo sospecha: acusaciones de perjurio en el estrado

Uno de los puntos medulares de la apelación es la supuesta falsedad de testimonios clave presentados por la fiscalía estadounidense. La defensa sostiene que al menos dos testigos incurrieron en perjurio y que dichas inconsistencias no fueron valoradas adecuadamente por el jurado.

Entre los casos más señalados está el del exagente federal Francisco Cañedo Zavaleta, quien declaró que García Luna habría sido secuestrado por sicarios de Los Beltrán Leyva en la carretera México-Cuernavaca. Según la defensa, existen registros documentales que ubican al exfuncionario ese mismo día en el Hospital Ángeles, donde realizaba pagos por un tratamiento médico de su esposa.

Los abogados también cuestionan que Cañedo mintiera sobre la corporación a la que pertenecía y que nunca presentara una denuncia formal por el supuesto secuestro, optando —según el recurso— por difundir su versión a actores políticos y medios de comunicación.

Otro testimonio impugnado es el de Héctor Villarreal, exsecretario de Finanzas de Coahuila, a quien la defensa acusa de relatar hechos cronológicamente imposibles, como visitas a instalaciones que aún no existían o la exhibición de tecnología que nunca fue adquirida por la Secretaría de Seguridad Pública.

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Evidencia que no llegó al jurado, según la defensa

El recurso también acusa a la fiscalía de haber ocultado información favorable al acusado. De acuerdo con los abogados, agencias estadounidenses realizaron revisiones de antecedentes, pruebas de polígrafo y múltiples encuentros oficiales con García Luna sin detectar alertas de seguridad, materiales que —afirman— no fueron presentados al jurado durante el juicio.

A esto se suma la denuncia de que al menos uno de los testigos cooperantes continuó involucrado en actividades delictivas mientras negociaba beneficios judiciales con las autoridades estadounidenses, un hecho que, según la defensa, debió ser revelado de manera explícita.

Límites al contrainterrogatorio y pruebas consideradas prejuiciosas

Otro eje de la apelación apunta directamente al manejo del juicio por parte del juez Brian Cogan. La defensa sostiene que se impusieron restricciones indebidas al contrainterrogatorio de testigos cooperantes como Sergio Villarreal-Barragán y Harold Poveda-Ortega, lo que habría vulnerado el derecho de confrontación del acusado.

También cuestionan la admisión de fotografías de propiedades y bienes sin una prueba directa de que estos tuvieran origen en los delitos imputados, argumentando que su exhibición tuvo un efecto altamente prejuicioso en la percepción del jurado.

Además de impugnar el juicio, la defensa ataca directamente la condena: 38 años de prisión y una multa de dos millones de dólares. Los abogados consideran que la pena es desproporcionada si se compara con otros casos similares y que se sustentó en hechos no probados durante el proceso.

En cuanto a la sanción económica, sostienen que resulta incongruente con la situación financiera actual del exfuncionario y carece de una justificación sólida dentro del expediente judicial.

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