- 04 de junio de 2025
El gobierno de Trump endurece medidas contra funcionarios mexicanos presuntamente vinculados al narcotráfico. Revocaciones de visas y bloqueos bancarios.

Entre México y Estados Unidos ha estallado una revelación sobre una lista confidencial del gobierno de Donald Trump que vincula a altos funcionarios mexicanos con redes de narcotráfico. La reciente cancelación de visas a políticos como Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, y su esposo, ha sacudido al círculo político de la presidenta Claudia Sheinbaum, alimentando rumores, acusaciones y un creciente distanciamiento diplomático.
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En semanas recientes, comenzaron a circular versiones sobre una supuesta lista elaborada por la administración de Donald Trump, en la que se identifican a varias figuras políticas mexicanas con presuntos vínculos con el narcotráfico y la corrupción. Funcionarios estadounidenses confirmaron extraoficialmente la existencia de dicha lista, y ya se han aplicado sanciones como la revocación de visas de entrada a Estados Unidos.
Hasta ahora, al menos dos políticos mexicanos han reconocido públicamente haber sido afectados. La más destacada es Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, quien confirmó que tanto ella como su esposo, Carlos Torres, vieron canceladas sus visas por una "situación" relacionada con él. Aunque Ávila ha negado haber cometido delitos, el caso ha generado alarma en el Gobierno federal y tensado la relación diplomática.
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Sheinbaum, aseguró haber solicitado explicaciones a Washington sobre la medida, pero el Departamento de Estado respondió que se trata de asuntos confidenciales. El silencio de las autoridades estadounidenses ha elevado la preocupación dentro del partido oficialista Morena, ya que se especula que hay decenas de nombres más en la lista, incluidos gobernadores y figuras cercanas al expresidente López Obrador.

Una lista negra
Entre los mencionados en medios y por analistas figuran Américo Villarreal (gobernador de Tamaulipas), Alfredo Ramírez Bedolla (Michoacán), Miguel Ángel Navarro (Nayarit), Rubén Rocha Moya (Sinaloa), y Clara Luz Flores, actual funcionaria de la Secretaría de Gobernación. También se incluye al senador Adán Augusto López y, según versiones no confirmadas, dos secretarios de Estado que estarían ligados al Cártel del Golfo.
El Departamento de Estado ha evitado pronunciarse oficialmente, pero tres funcionarios estadounidenses indicaron que las revocaciones de visas podrían venir acompañadas de sanciones financieras. Esto implicaría el congelamiento de activos en territorio estadounidense y la prohibición de realizar negocios con empresas del país, a través del Departamento del Tesoro.
La situación se volvió seria cuando reportes de que las cuentas bancarias de Marina del Pilar y su esposo fueron congeladas por entidades como Wells Fargo y Bank of America en San Diego, California. Según información extraoficial, los bloqueos se basan en sospechas de lavado de dinero, ya que los fondos estarían ligados a actividades ilícitas.
Carlos Torres, esposo de la gobernadora, reaccionó públicamente mediante una publicación en Facebook, anunciando su retiro de todos los cargos honorarios que ocupaba en el Ayuntamiento de Tijuana y en el Poder Ejecutivo de Baja California. Alegó que su decisión obedece a motivos personales y a la necesidad de priorizar a su familia. El anuncio fue recibido con mensajes divididos por parte de los ciudadanos, mientras las investigaciones continúan.

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Un contexto que pone en riesgo la relación bilateral
Esta situación ocurre en un contexto de endurecimiento de la postura de Washington hacia México. A principios de marzo, Donald Trump justificó la imposición de aranceles afirmando que el Gobierno mexicano brinda refugio a los cárteles responsables de la epidemia de sobredosis en EE.UU. Como parte de esa estrategia, la Casa Blanca ha declarado a varios cárteles como organizaciones terroristas y evalúa incluso acciones militares unilaterales.
La revisión actual sobre vínculos entre políticos mexicanos y el narcotráfico es resultado de una operación encabezada por un equipo especial de la Casa Blanca, que solicitó información a la DEA, la CIA y otras agencias. Esta línea de investigación es la misma que llevó en 2019 a la detención y posterior condena de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, por colaborar con el Cártel de Sinaloa.
Detrás de la actual lista negra estarían los exfuncionarios de la DEA en México Terrance Cole y Matthew Donahue, quienes propusieron cancelar visas de políticos mexicanos desde hace años. Aunque la iniciativa fue rechazada entonces, ahora ha sido retomada con fuerza por la nueva administración republicana.
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