Cambios al reglamento de la UNAM amenazan la libertad de expresión

Una reciente reforma al reglamento interno de la UNAM ha alarmado a los estudiantes, Para muchos, el nuevo artículo 15 del Reglamento del Tribunal Universitario abre la puerta a la censura y a la represión bajo el ambiguo término de "actos vandálicos". Aunque las autoridades aseguran que no se busca criminalizar la protesta, voces estudiantiles denuncian que la medida representa una amenaza directa a la libertad de expresión y de asociación dentro de la máxima casa de estudios. 

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El Frente Alimentario Estudiantil (FAE), conformado por jóvenes de distintas facultades y escuelas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ha levantado la voz contra lo que consideran una amenaza seria al ejercicio de sus derechos universitarios. La modificación reciente al artículo 15 del Reglamento del Tribunal Universitario es, para ellos, un intento de acallar la crítica y debilitar las manifestaciones estudiantiles que han caracterizado a la institución.

El nuevo texto del artículo establece que ante "actos vandálicos", las autoridades académicas podrán iniciar un procedimiento disciplinario de forma inmediata, incluyendo la suspensión o expulsión provisional de los presuntos implicados. Este procedimiento se realizará con el argumento de proteger la seguridad e integridad de la comunidad universitaria, dejando luego el caso en manos del Tribunal Universitario para su resolución definitiva.

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Sin embargo, lo que para las autoridades parece una medida de protección, para muchos estudiantes representa una amenaza. "Es demasiado ambiguo. No se define con claridad qué se entiende por vandalismo, y eso deja la puerta abierta a interpretaciones subjetivas que pueden utilizarse para reprimir cualquier forma de protesta", denuncia David Carvente, miembro del FAE.

El temor a la censura 

Para Carvente y otros integrantes del Frente, esta reforma es parte de un patrón más amplio de control institucional. "Aunque no nos callen directamente, sí hay una intención clara de limitar nuestros espacios de expresión. Nos enfrentamos a una lógica de ultraderecha que ha venido infiltrándose en la universidad", sostiene el activista.

Desde su fundación, el FAE ha denunciado el deterioro de condiciones dentro de la UNAM, particularmente en lo que respecta al acceso a servicios básicos como la alimentación. Han sido críticos de lo que consideran una creciente privatización dentro de la universidad, señalando el aumento de cuotas y la presencia de cafeterías concesionadas como ejemplos de este fenómeno.

En ese sentido, consideran que la reforma al artículo 15 se enmarca en la pérdida de autonomía comunitaria. "Lo que vemos es cómo los espacios universitarios son despojados de su carácter público y transformados en negocios privados, sin consultar ni tomar en cuenta a los estudiantes. Esta reforma es una herramienta más para proteger esos intereses", comenta Carvente.

¿Qué dice exactamente el artículo 15?

El nuevo texto del artículo señala lo siguiente:

"En los asuntos que constituyan actos vandálicos, las autoridades de las entidades académicas iniciarán de oficio el procedimiento disciplinario, determinado como medida provisional la suspensión o expulsión inmediata de quienes presuntamente hayan participado en los hechos, con el objetivo de salvaguardar la seguridad e integridad de la comunidad universitaria. Dichas autoridades remitirán el expediente de inmediato al Tribunal Universitario para que éste desarrolle las etapas de investigación, sustentación y de resolución".

Para los integrantes del FAE, el problema radica en que el concepto de "actos vandálicos" no está claramente definido. Esto genera incertidumbre respecto a qué comportamientos podrían ser considerados como tales: ¿es vandalismo pegar carteles?, ¿rayar una pared con consignas políticas?, ¿cerrar un plantel como forma de protesta?

Respuesta institucional: "no se busca reprimir"

Ante la inconformidad, las autoridades universitarias han respondido intentando tranquilizar a la comunidad. El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, anunció que convocará a la Comisión de Legislación Universitaria para revisar las modificaciones y aclarar cualquier ambigüedad que pudiera interpretarse como un atentado contra la libre expresión y el derecho a la protesta.

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En un comunicado oficial, la universidad reafirmó su "compromiso con el ejercicio pleno de los derechos y libertades, en un ambiente de conciencia respetuosa que garantice la integridad de todas y todos los universitarios".

Por su parte, el abogado general de la UNAM, Hugo Concha Cantú, afirmó en la Gaceta UNAM que las reformas no tienen como objetivo restringir las libertades, sino protegerlas. Según su interpretación, el artículo 15 no hace alusión a manifestaciones pacíficas, sino a hechos que implican daño físico a las instalaciones o a personas.

"El artículo establece que cuando se trate de actos de violencia extrema, se lleve el procedimiento ante el Tribunal Universitario. No tiene nada que ver con que la Universidad quiera criminalizar la protesta. Al contrario, toda la reforma lo que hace es que los derechos de los universitarios –entre otros el de la libertad de protesta, los de manifestación de ideas y de expresión– estén protegidos y se puedan ejercer de manera correcta", puntualizó.

Las autoridades aseguran que no se busca reprimir la protesta, estudiantes organizados denuncian una amenaza latente contra sus derechos fundamentales. El futuro del diálogo dependerá de los consensos y la garantía de que la universidad siga siendo un espacio de libertad, crítica y transformación social.

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