- 16 de enero de 2025
El programa beneficiará a más de 7,800 personas en Yucatán, marcando un hito en la atención a grupos vulnerables.
Durante la construcción de un Yucatán más incluyente y equitativo, el gobernador Joaquín Díaz Mena, en colaboración con Rogerio Castro Vázquez, delegado estatal de Programas para el Desarrollo, firmó el convenio para implementar la Pensión Universal de Personas con Discapacidad Permanente. Este programa, que busca mejorar la calidad de vida de miles de yucatecos, representa un esfuerzo conjunto entre los gobiernos estatal y federal.
El acuerdo, presentado como una de las iniciativas sociales más ambiciosas del estado, garantizará pagos bimestrales de 3,200 pesos a más de 7,800 beneficiarios. Para ello, se destinará una inversión estatal de 74.8 millones de pesos, consolidando el compromiso de las autoridades con los derechos de las personas con discapacidad.
"Este convenio es un reflejo de la visión de un Yucatán más justo e incluyente, donde todos tengan las mismas oportunidades de desarrollo y bienestar," afirmó Díaz Mena durante la firma.
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La noticia fue difundida a través de redes sociales y medios oficiales, donde se destacó que la medida busca garantizar no solo un apoyo económico, sino también la dignidad y el respeto hacia las personas con discapacidad.
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El programa está diseñado para atender a una población marginada, ofreciendo un respaldo financiero que permitirá a las personas con discapacidad permanente enfrentar sus retos diarios con mayor seguridad.
"Este esfuerzo no solo representa un beneficio económico, sino también un paso hacia la equidad social," señaló Rogerio Castro Vázquez. "Estamos comprometidos a garantizar que nadie quede atrás en el desarrollo de Yucatán."
Los pagos bimestrales no solo aliviarán las cargas económicas de los beneficiarios, sino que también abrirán nuevas oportunidades para acceder a tratamientos médicos, mejorar su movilidad y garantizar una mejor calidad de vida.
Cifras que respaldan la necesidad del programa
Según datos oficiales, Yucatán cuenta con una población significativa de personas con discapacidad, muchas de las cuales enfrentan barreras para acceder a servicios básicos, educación y empleo. Este programa tiene como objetivo cerrar esas brechas y garantizar una distribución más equitativa de los recursos públicos.
El gobierno estatal estima que los 74.8 millones de pesos destinados a la Pensión Universal tendrán un efecto multiplicador, no solo en la economía de las familias beneficiarias, sino también en el desarrollo social del estado.
Colaboración entre niveles de gobierno
El éxito de este programa es resultado de la coordinación entre el gobierno de Yucatán y la federación. Este trabajo conjunto permite maximizar los recursos disponibles y garantizar que los apoyos lleguen a quienes más los necesitan.
"La inclusión es una responsabilidad compartida, y este convenio es un ejemplo de lo que podemos lograr cuando trabajamos juntos," afirmó Díaz Mena.
Rogerio Castro Vázquez, por su parte, destacó que este tipo de políticas públicas son fundamentales para construir un país más justo y equitativo. "Es nuestra obligación como servidores públicos garantizar que todas las personas tengan acceso a una vida digna," añadió.
El gobierno estatal anunció que en las próximas semanas se detallará el proceso para que los beneficiarios puedan acceder a la pensión. Este procedimiento se llevará a cabo con total transparencia, asegurando que los apoyos lleguen a quienes cumplen con los criterios establecidos.
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Además, se realizarán campañas de difusión en comunidades rurales y urbanas, para garantizar que todas las personas con discapacidad permanente estén informadas sobre sus derechos y cómo acceder a este beneficio.
Organizaciones no gubernamentales y grupos de defensa de los derechos humanos han aplaudido la iniciativa. Para muchos, este convenio representa un avance significativo en la lucha por la igualdad de derechos para las personas con discapacidad. Grupos como Inclusión Yucatán han expresado su apoyo al gobierno estatal y han ofrecido su colaboración para garantizar que el programa se implemente de manera efectiva y justa.
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