SUSPENSIÓN JUDICIAL
Juez impone multa de 54 mil pesos a cada consejero del INE
El magistrado advirtió que, de persistir el desacato, impondrá sanciones adicionales y remitirá el caso al Ministerio Público por posible delito
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El juez Francisco Javier García Contreras, a cargo del juzgado segundo de distrito en Colima, determinó multar a cada integrante del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) con una sanción superior a 54 mil pesos debido a su incumplimiento de una suspensión provisional que ordenaba detener el proceso electoral extraordinario. Esta medida fue emitida dentro de un juicio de amparo en el que se busca frenar el proceso mientras se evalúa la constitucionalidad de la reforma judicial.
La decisión del juez García Contreras ha puesto en el centro de la polémica la relación entre el Poder Judicial y el órgano electoral, el cual argumentó que, de acuerdo con resoluciones de instancias judiciales superiores, continuaría con la organización de la elección extraordinaria. Sin embargo, esta postura fue desestimada por el juez, quien afirmó que el INE había caído en desacato al no cumplir con la suspensión concedida el pasado 24 de septiembre.
Multa y advertencia de nuevas sanciones
En el documento judicial se detalló que el INE había expresado en múltiples comunicaciones su intención de continuar con los preparativos para la elección extraordinaria, pese a la existencia de la suspensión.
"El INE señala que no será cumplida dicha medida cautelar (la suspensión provisional) por las consideraciones que han emitido diversas autoridades del Poder Judicial de la Federación en distintos procedimientos que son ajenos a este incidente de suspensión", se lee en el informe del juzgado.
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El magistrado decidió hacer efectiva una multa de 54 mil 285 pesos para cada uno de los consejeros electorales, a fin de incentivar el acatamiento de la medida cautelar. Además, el juez García Contreras reiteró que, si el INE continúa en desacato, se les impondrá nuevamente la multa y el caso será remitido al Ministerio Público por la posible comisión de un delito, con lo que el conflicto legal podría intensificarse.
Resistencia del INE
El informe presentado por la Junta Local del INE en Colima, el organismo electoral argumentó que contaba con la autorización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para seguir adelante con la organización de la elección extraordinaria.
El INE aseguró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación había rechazado la solicitud de suspensión en acciones de inconstitucionalidad interpuestas por partidos políticos contra la reforma judicial. Dichas acciones serán revisadas esta semana, según el calendario judicial.
El órgano electoral presentó estos puntos en su defensa, sin embargo, el juez García Contreras consideró que tales argumentos no justificaban la inobservancia de la suspensión provisional dictada en el contexto del amparo. En su decisión, el magistrado hizo hincapié en que la suspensión era vinculante para el INE y debía cumplirse sin interpretaciones subjetivas de las disposiciones judiciales emitidas.
"El desacato es claro y directo, al no suspenderse la organización de los procesos electorales extraordinarios como fue indicado", señaló el juez en su resolución, en la que reafirmó su exigencia de que el INE detenga todas las actividades relacionadas con la organización, supervisión y ejecución de los comicios mientras el juicio de amparo sigue su curso en los tribunales.
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Prohibiciones adicionales
Además de imponer sanciones al INE, el juez García Contreras emitió órdenes adicionales para otros actores gubernamentales y judiciales en torno a la reforma judicial. A través de su resolución, instruyó al Senado de la República a abstenerse de emitir convocatorias para los candidatos de la elección extraordinaria y de realizar cualquier modificación a leyes secundarias que busque alinear el marco legal con la reforma judicial.
Asimismo, se indicó al Consejo de la Judicatura Federal que no implemente ningún plan de transferencia de recursos y facultades hacia el propuesto Tribunal de Disciplina Judicial, un nuevo organismo previsto dentro de la reforma judicial para supervisar a los jueces y magistrados. Igualmente, se exhortó a los congresos estatales a no realizar ajustes legislativos que implementen esta reforma en sus jurisdicciones.
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