TENDENCIA CRECIENTE
Intereses políticos encima del bienestar común: el caso de los legisladores en EE.UU.
Los representantes ceden a las presiones de los sindicatos a cambio de mantener una posición favorable
Cada periodo legislativo, los representantes estatales en Estados Unidos participan en una compleja dinámica política, en la que aprueban leyes que aumentan las pensiones de los servidores públicos con el fin de complacer a los poderosos líderes sindicales. Además del desmedido uso de recursos públicos que esto implica, estas acciones demuestran un desdén hacia los contribuyentes comunes.
Recientemente, la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, vetó una ley que incrementaba las pensiones para miles de policías en activo, justo días después de que el sindicato la atacara con anuncios espectaculares en la vía pública. La demócrata frenó la ley, pero sigue considerando otra docena de proyectos legislativos con el mismo objetivo.
Los datos históricos muestran que esta tendencia es cada vez más preocupante. Un informe del Comité de Presupuesto Ciudadano revela que, entre 2014 y 2019, los gobernadores optaron por no vetar el 25% de las leyes consideradas "endulzantes basura", mientras que, entre 2021 y 2023, ese porcentaje se disparó al 48%.
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Los indicadores muestran que un número creciente de legisladores está dispuesto a sacrificar el interés público en favor de intereses políticos, permitiendo que leyes que benefician a unos cuantos, a un costo muy alto, se gesten en las sombras.
Hochul, de 66 años, tiene la oportunidad de comenzar a revertir esta tendencia, pero las leyes que ha vetado son solo la punta del iceberg. Frente a la fuerte presión de los sindicatos, muchos gobernadores y legisladores prefieren complacer a estos grupos de interés, en lugar de defender los intereses de la población en general.
Especialistas sugieren que esta práctica de legislar con fines políticos aumentará exponencialmente la carga financiera al erario, dificultando que los estados mantengan una situación fiscal viable.
Las estadísticas muestran que los representantes son cada vez más proclives a poner el interés público en segundo plano, priorizando los beneficios políticos a corto plazo y los votos que aseguren sus posiciones, por encima de la sustentabilidad económica a largo plazo y el bienestar social.
El veto de Hochul parece una bocanada de aire fresco en el entorno actual, pero ¿realmente representa un cambio en las tendencias de los representantes? Lo que necesita cambiar es el ecosistema político, donde prevalezcan la transparencia y la rendición de cuentas, evitando el intercambio opaco de intereses a corto plazo.
Los índices de confianza de la población en sus representantes atraviesan un momento crítico, que podría erosionarse aún más si persiste la lógica de anteponer los intereses políticos sobre el bien público.
