La Sentencia de Genaro García Luna: Así reaccionan los políticos

La sentencia impuesta a Genaro García Luna en una corte de Estados Unidos marca un hito en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico, también ha reavivado las llamas de la controversia política en México. Este miércoles 16 de octubre, el juez federal Brian Cogan dictó 38 años de prisión para el exsecretario de Seguridad Pública, quien fue hallado culpable de aceptar sobornos del Cártel de Sinaloa.

A pesar de la severidad de la pena, muchos se han manifestado insatisfechos, argumentando que la sentencia debería haber sido más contundente, pidiendo incluso cadena perpetua como ya se había mencionado en ocasiones anteriores. 

La administración estadounidense, a través de Breon Peace, fiscal del Distrito Este de Nueva York, aseguró que la sentencia de García Luna es un "mensaje contundente" que establece que nadie está por encima de la ley, independientemente de su posición. Peace destacó la importancia de esta sentencia como un paso fundamental en la defensa de la justicia y el Estado de Derecho. Esta declaración cuestiona la integridad de figuras públicas en la lucha contra el crimen organizado.

La reacción de la clase política

La reacción en México no se hizo esperar. Marko Cortés, presidente del Partido Acción Nacional (PAN), solicitó explicaciones a Felipe Calderón, quien fue presidente de México durante el tiempo que García Luna ocupó el cargo de secretario de Seguridad Pública. Cortés argumentó que Calderón debe aclarar por qué confió en un funcionario que ahora es señalado por vínculos con el narcotráfico.

"Él tendría que dar toda la explicación de por qué lo invitó y qué fue lo que pasó para que se coludiera", afirmó

Por su parte, Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, celebró la sentencia de 38 años y recordó que había denunciado a García Luna desde hace 14 años, haciendo eco de las confrontaciones que había tenido con él en el pasado. Noroña enfatizó que la justicia finalmente está llegando, pero también dejó claro que el expresidente Calderón debe rendir cuentas.

García Luna, quien durante años fue el rostro de la lucha de México contra el narcotráfico, fue condenado por su participación en un esquema de corrupción que permitió el tráfico de más de un millón de kilogramos de cocaína a Estados Unidos.

La sentencia ha suscitado críticas entre la opinión pública, que considera que no se corresponde con la magnitud de los delitos cometidos por García Luna. Las redes sociales estallaron con comentarios de usuarios que demandaban justicia y señalaban a Calderón, sugiriendo que él también debería ser investigado por su relación con García Luna y su administración.

Felipe Calderón: una defensa táctica

En respuesta a las críticas, Felipe Calderón se deslindó de García Luna, afirmando que nunca tuvo evidencia de actividades ilícitas de su exsecretario. En un mensaje publicado en sus redes sociales, Calderón justificó su decisión de confiar en García Luna, argumentando que nunca recibió información que indicara su implicación en el narcotráfico. "Nunca tuve evidencia verificable que lo involucrara con actividades ilícitas", afirmó.

Calderón también defendió su política de guerra contra el narcotráfico, reiterando que, si tuviera que hacerlo de nuevo, lo haría. Sin embargo, al mismo tiempo, reconoció que la lucha contra la inseguridad en México era un esfuerzo colectivo que involucraba a todo su gabinete y no solo a García Luna.

Otro de los políticos que ha reaccionado a esta sentencia, es Ricardo Anaya, quien de la misma forma, utilizó sus redes sociales para manifestar su desacuerdo. "Si es una vergüenza lo que sucedió con García Luna y es correcto que el que la hizo, la pague". 

Muchos ven en este caso una oportunidad para reexaminar la lucha contra el narcotráfico y la corrupción dentro de las instituciones. La manera en que se ha manejado el caso ha puesto de manifiesto las fallas en la estrategia de seguridad del país y la necesidad de un cambio radical en las políticas públicas.

Las voces críticas que piden responsabilidades a Calderón y otros miembros de su gabinete pueden dar lugar a un mayor escrutinio sobre cómo se han llevado a cabo las políticas de seguridad en México a lo largo de los años. La presión social podría forzar una revisión de los vínculos entre políticos y criminales, así como la forma en que se han otorgado los contratos y responsabilidades en materia de seguridad.

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