Elección popular de jueces, ministros y magistrados: Así sería con la nueva reforma judicial

La reforma al Poder Judicial propuesta en México ha creado controversia y manifestaciones en todo el país por un grupo reducido de ciudadanos. La iniciativa, que promueve la elección popular de jueces, ministros y magistrados, ha sido recibida con escepticismo y oposición en algunos sectores. 

La columna vertebral de esta reforma, el voto popular, ha sido el punto más cuestionado por su potencial de politizar la justicia. Por lo tanto en esta nota, desglosamos cómo funcionará el nuevo sistema propuesto y qué implicaciones tiene para el Poder Judicial en México, luego de que en la Cámara de Diputados fue aprobada, en lo general. 

¿Cómo será la elección de jueces y ministros?

La reforma plantea una transformación profunda en el proceso de selección de jueces, magistrados y ministros en México. En lugar del actual sistema de terna y discusión en el Senado, la propuesta sugiere que los candidatos a estos cargos sean sometidos a un proceso de votación directa por parte de la ciudadanía. 

El cambio afecta especialmente al Artículo 96 de la Constitución, que actualmente regula la designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el cual establece que, en su forma actual, el procedimiento mediante el cual se nombran a los ministros de la corte. 

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Según el dictamen de la reforma, los tres poderes de la Unión (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) deberán proponer candidatos para los cargos judiciales. Sin embargo, estas propuestas serán evaluadas y aprobadas en distintos procesos antes de llegar al voto popular. A continuación, se describe cómo se llevará a cabo este proceso:

El primer paso en la reforma es la convocatoria publicada por el Senado de la República. Esta convocatoria detallará las etapas, fechas y cargos a elegir, así como la especialización necesaria para cada puesto. La selección inicial de candidatos será realizada por los tres poderes, que podrán proponer un número específico de aspirantes para cada cargo.

¿Quiénes pueden postularse?

Cada poder (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) será responsable de establecer sus propios mecanismos de selección para los candidatos. Los aspirantes deberán cumplir con ciertos requisitos y entregar una serie de documentos, incluyendo un ensayo de motivos y cartas de referencia. Los perfiles postulados serán revisados por un Comité de Evaluación, compuesto por cinco expertos en el ámbito jurídico.

El Comité elaborará dos listas de candidatos mejor calificados:

• Diez candidatos para los cargos de ministros de la SCJN, magistrados de la Sala Superior y Salas Regionales del Tribunal de Disciplina Judicial.
• Seis candidatos para magistrados de circuito y jueces de distrito.

Estas listas se “depurarán” mediante un sorteo público, ajustando el número de postulaciones a los derechos de cada poder en cada cargo. Finalmente, los perfiles seleccionados serán enviados a los representantes de los tres poderes para su aprobación y posterior remisión al Senado.

Número de candidatos

Para los cargos de los ministros de la SCJN y magistrados de la Sala Superior del TEPJF, cada poder tendrá derecho a postular hasta tres candidatos por cargo. El Poder Ejecutivo lo hará a través de la presidenta de la República, mientras que el Legislativo enviará una propuesta desde la Cámara de Diputados y dos desde el Senado. El Judicial, por su parte, propondrá candidatos a través del Pleno de la SCJN.

Para cargos de menor rango, como magistrados de circuito y jueces de distrito, cada poder podrá postular hasta dos personas por vacante. Los procedimientos para estas postulaciones serán similares, con la diferencia de que el Legislativo enviará una propuesta desde cada Cámara, y el Judicial lo hará a través del Pleno de la SCJN.

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Campañas electorales para candidatos judiciales

Una vez aprobados los candidatos por los tres poderes, las propuestas se enviarán al Instituto Nacional Electoral (INE), que organizará las jornadas electorales. Las campañas electorales tendrán una duración de 60 días, durante los cuales los candidatos tendrán acceso equitativo a medios de comunicación y foros de debate. Sin embargo, se prohibirá la contratación de espacios publicitarios y el financiamiento de las campañas, así como la participación de partidos políticos y funcionarios públicos en el proceso.

Protestas y obstáculos en la discusión legislativa

La reforma judicial ha generado una gran inconformidad entre los trabajadores del Poder Judicial y ha llevado a bloqueos y protestas. En la Cámara de Diputados, trabajadores del Poder Judicial bloquearon los accesos a la sede en San Lázaro, exigiendo diálogo con los legisladores de Morena. Debido a la situación, se trasladó la sesión a la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca.

El cambio de sede ha generado problemas logísticos y ha llevado a un receso en la discusión para permitir la llegada de todos los legisladores. La sesión en la nueva sede ha sido marcada por tensiones y discusiones acaloradas entre los diferentes grupos parlamentarios. Mientras que algunos, como el Partido del Trabajo (PT), defienden la reforma, otros como el PAN y Movimiento Ciudadano, expresan su rechazo y preocupación por la forma en que se está llevando a cabo la discusión.

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Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, ha respaldado la iniciativa, llamándola un “referente a nivel internacional”. Sin embargo, sus declaraciones han sido recibidas con desconfianza por parte de la oposición, que critica tanto el contenido como el proceso de la reforma. 

Dante Delgado, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, ha denunciado la reforma como una construcción “sin rigor” y “selectiva en sus intenciones políticas”. En contraste, los diputados del PT han adelantado su apoyo, mientras que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) también ha manifestado su respaldo a la propuesta.

La reforma al Poder Judicial representa un cambio significativo en la forma en que se seleccionan los jueces, magistrados y ministros en México. La introducción del voto popular como mecanismo para la elección de estos cargos ha generado un intenso debate sobre la posible politización de la justicia. A medida que avanza la discusión legislativa, su impacto en el sistema judicial del país es motivo de análisis.

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