La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general, la reforma judicial impulsada por el presidente López Obrador. Con 22 votos a favor y 17 en contra, la propuesta de que los ministros, magistrados y jueces sean elegidos por voto popular sigue adelante, provocando críticas de la oposición, acusando a Morena de orquestar una venganza contra el Poder Judicial.
El trasfondo de la reforma judicial
La aprobación de esta reforma judicial en lo general ha generado un intenso debate tanto en el Congreso como en la sociedad mexicana. La propuesta, presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, busca transformar de manera profunda el sistema judicial en México, lo que ha despertado pasiones y temores entre diversos sectores.
Entre las medidas más polémicas de la reforma se encuentra la propuesta de que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como magistrados y jueces, sean seleccionados a través de elecciones populares. Este cambio radical, según sus defensores, busca democratizar el acceso a la justicia y asegurar que los funcionarios judiciales respondan directamente a los intereses del pueblo.
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Debate en el Congreso: siete horas de confrontación
El debate previo a la votación en la Comisión de Puntos Constitucionales fue un reflejo de la división que existe en el Congreso y en la sociedad. Más de siete horas, los legisladores de Morena, junto al Partido Verde y el PT defendieron la propuesta presidencial, argumentando que es necesaria para limpiar el sistema judicial de corrupción y garantizar que los jueces no estén al servicio de intereses particulares.
Por otro lado, los legisladores del PAN y del PRI encabezaron la oposición, advirtiendo que la reforma es una "venganza disfrazada" por parte del Ejecutivo contra el Poder Judicial, que en repetidas ocasiones ha emitido fallos en contra de las políticas del gobierno. La diputada Margarita Zavala, una de las voces más críticas, fue particularmente dura en su rechazo, señalando que la propuesta no busca justicia, sino revancha.
Una reforma con consecuencias significativas
La reforma judicial plantea cambios significativos en la estructura y funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una de las modificaciones más importantes es la reducción del número de ministros que conforman la Corte, pasando de 11 a 9. Además, se establece que los ministros solo podrán ejercer su cargo por un periodo de 12 años, en lugar de los 15.
La propuesta de reducir los salarios de los ministros para que no ganen más que el presidente de la República. Esta medida, según sus defensores, busca establecer un mayor control sobre los gastos del Poder Judicial y garantizar que los ministros no se beneficien de privilegios económicos excesivos. Los críticos argumentan que esto podría afectar la calidad y la independencia de los jueces.
El fin del Consejo de la Judicatura Federal
Una de las reformas más drásticas es la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el organismo encargado de supervisar la labor de los jueces federales. En su lugar, se propone la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial, que sería responsable de supervisar y sancionar a los jueces en caso de conductas inapropiadas.
Este cambio ha sido recibido con preocupación por parte de varios sectores del sistema judicial, que ven en la eliminación del CJF una pérdida de autonomía y un riesgo de centralización del poder en manos del Ejecutivo. La creación del Tribunal de Disciplina Judicial, según los críticos, podría convertirse en una herramienta para ejercer control político sobre los jueces y limitar su capacidad de actuar de manera independiente.
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La controversia de los jueces sin rostro
Entre las reservas que aún quedan por discutir en lo particular, destaca la propuesta de Morena para implementar el modelo de "jueces sin rostro", una medida que pretende proteger a los juzgadores que llevan casos relacionados con el crimen organizado. Este modelo, inspirado en prácticas utilizadas en otros países, busca garantizar la seguridad de los jueces al mantener su identidad en secreto durante el proceso judicial.
Sin embargo, la propuesta ha generado un intenso debate sobre su efectividad y las implicaciones para la transparencia y el debido proceso. Los críticos argumentan que esta medida podría violar los principios de publicidad y transparencia en los juicios, lo que a su vez podría afectar la confianza pública en el sistema judicial.
Reacciones y críticas de la oposición
La aprobación en lo general de la reforma ha sido vista por la oposición como una muestra más del poder que el Ejecutivo ha logrado concentrar en los últimos años. Margarita Zavala, diputada del PAN, fue una de las figuras más vocales en contra de la reforma. En su intervención, acusó a Morena y sus aliados de estar consumando una "venganza" contra el Poder Judicial.
Zavala también criticó duramente la propuesta de elección popular de jueces, calificándola como una "kermés", una burla al sistema judicial que, en lugar de mejorar la justicia en el país, solo servirá para generar más confusión y manipulación. La diputada advirtió que esta medida podría abrir la puerta a prácticas clientelistas y a la intervención de intereses políticos en la selección de los jueces.
Protestas y movilizaciones
La discusión de la reforma judicial no se ha limitado a las paredes del Congreso. Desde que se dio a conocer la propuesta, han surgido protestas y movilizaciones por parte de trabajadores del sistema judicial, quienes temen que la reforma pueda afectar sus condiciones laborales y poner en riesgo la estabilidad del sistema de justicia.
Estas protestas han sido especialmente intensas en la Ciudad de México, donde miles de trabajadores del Poder Judicial han salido a las calles para expresar su rechazo a la reforma. Los manifestantes han argumentado que la propuesta es un ataque directo a la independencia del Poder Judicial y que, de aprobarse, podría debilitar gravemente la capacidad del sistema de justicia para actuar de manera autónoma y eficiente.
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