Artículo 96 de la Constitución: así sería el proceso de selección si se aprueba la Reforma Judicial

La Reforma Judicial que ha generado un intenso debate en todo México, propone un cambio sin precedentes en la forma en que se seleccionan a jueces, magistrados y ministros en el país, incluso en estos momentos el Poder Judicial de la Federación se encuentra en paro de labores indefinido en contra de dicha reforma. 

La propuesta, que busca modificar el Artículo 96 de la Constitución, promete poner a prueba el equilibrio entre la justicia y la voluntad popular, desatando controversias sobre el impacto que esto podría tener en la imparcialidad y eficacia del sistema judicial.

La reciente propuesta de Reforma Judicial ha generado un debate ferviente en el país. Encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, esta iniciativa busca transformar radicalmente el proceso de selección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como de jueces y magistrados en todo México.

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El núcleo de esta reforma es la modificación del Artículo 96 de la Constitución, que actualmente regula la selección de los altos funcionarios judiciales. Tales funcionarios al presentar su paro laboral se muestran inconformes debido a que una de las modificaciones que se pretende hacer tiene que ver con la austeridad.

El artículo 96 de la Constitución y su relevancia

El Artículo 96 de la Constitución Mexicana establece, en su forma actual, el procedimiento mediante el cual se nombran a los ministros de la SCJN. Este proceso incluye la presentación de una terna de candidatos por parte del Presidente de la República, la cual es evaluada por el Senado. Después de varias rondas de discusión, el Senado selecciona al candidato que considera más apto para ocupar el puesto de ministro.

Sin embargo, la Reforma Judicial plantea una transformación profunda en este procedimiento. En lugar de la selección por parte del Presidente y el Senado, la reforma propone que los jueces, magistrados y ministros sean elegidos a través del voto popular. Esta modificación busca, según los promotores de la reforma, democratizar el Poder Judicial y acercarlo a la ciudadanía.

El nuevo proceso de selección propuesto

De acuerdo con el dictamen de la reforma, los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial tendrán la responsabilidad de proponer candidatos para los cargos judiciales. Estos candidatos, después de pasar por un riguroso proceso de selección, serán sometidos al voto popular en elecciones organizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE).

El proceso iniciará con la publicación de una convocatoria por parte del Senado de la República. Esta convocatoria detallará las etapas del proceso, las fechas clave y los cargos disponibles. Las vacantes serán comunicadas por el Órgano de Administración Judicial, que también informará sobre la especialización requerida y el circuito judicial correspondiente.

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Evaluación inicial y depuración de candidatos

Una de las primeras fases del proceso será la evaluación y selección de los candidatos por parte de cada uno de los tres Poderes de la Unión. Para participar en esta fase, los interesados deberán cumplir con los requisitos establecidos y presentar un ensayo de motivos de tres cuartillas, junto con cinco cartas de referencia que respalden su idoneidad.

Los perfiles de los candidatos serán evaluados por un Comité de Evaluación, que será conformado por cinco personas reconocidas en el ámbito jurídico, designadas por cada uno de los Poderes de la Unión. Este comité elaborará dos listados: uno con las 10 mejores evaluaciones para los cargos de ministros de la SCJN, y otro con las seis mejores para los cargos de magistrados y jueces de distrito.

Estos listados serán posteriormente depurados mediante un proceso de insaculación pública, que reducirá el número de candidatos al establecido por cada Poder. Los perfiles seleccionados serán entonces enviados a los representantes del Legislativo, Ejecutivo y Judicial para su aprobación y posterior envío al Senado.

Propuestas de los Poderes de la Unión

La reforma establece que cada uno de los Poderes de la Unión tiene derecho a proponer un número determinado de candidatos para los distintos cargos judiciales.Es decir, la SCJN, magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) e integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, cada uno de los tres poderes podrá proponer hasta tres candidatos por cargo.

El Poder Ejecutivo presentará sus candidatos a través de la Presidenta de la República; el Legislativo lo hará mediante la Cámara de Diputados y el Senado, mientras que el Poder Judicial presentará sus candidatos por medio del Pleno de la SCJN. Este proceso garantizará que existan candidatos de una amplia variedad de fuentes, lo que contribuirá a la pluralidad y la representatividad en el Poder Judicial.

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Campañas electorales y voto popular

Una vez que se han seleccionado y aprobado las candidaturas, los nombres serán enviados al Senado de la República, que a su vez los remitirá al INE para la organización de las elecciones. Las campañas electorales durarán 60 días, durante los cuales los candidatos tendrán acceso igualitario a los medios de comunicación y podrán participar en debates organizados por el INE u otras organizaciones.

Sin embargo, la reforma prohíbe la contratación de espacios en medios de comunicación para la promoción de los candidatos, así como el financiamiento público o privado de sus campañas. Además, no se permitirán actos de proselitismo por parte de partidos políticos o servidores públicos, lo que busca mantener la imparcialidad del proceso.

Controversias y críticas a la Reforma Judicial

La propuesta de someter a jueces, magistrados y ministros al voto popular ha sido recibida con una mezcla de apoyo y críticas. Los defensores de la reforma argumentan que este cambio democratizará el Poder Judicial, haciéndolo más accesible y representativo de los intereses de la ciudadanía. Además, sostienen que permitirá que el pueblo tenga un mayor control sobre quienes imparten justicia en su nombre.

No obstante, los detractores de la reforma advierten que la elección de funcionarios judiciales a través del voto popular podría comprometer la independencia del Poder Judicial. Según estos críticos, existe el riesgo de que los jueces y magistrados se vean influenciados por consideraciones políticas o populistas, lo que podría afectar su capacidad para tomar decisiones imparciales y basadas en la ley.

Otro punto de controversia es el proceso de selección inicial de los candidatos. Aunque la reforma establece mecanismos para garantizar la participación de los tres Poderes de la Unión en la selección de los candidatos, algunos expertos han expresado su preocupación por la posibilidad de que estos procesos sean influenciados por intereses políticos o partidistas.

Además, la prohibición de financiamiento público o privado para las campañas electorales ha sido objeto de debate. Algunos críticos argumentan que esta medida podría limitar la capacidad de los candidatos menos conocidos o con menos recursos para hacer campaña de manera efectiva, lo que podría favorecer a aquellos con mayor acceso a los medios de comunicación o con apoyo político establecido.

Implicaciones para el sistema judicial mexicano

Si se aprueba la Reforma Judicial, el sistema judicial mexicano experimentará un cambio sin precedentes en su estructura y funcionamiento. La elección de jueces, magistrados y ministros a través del voto popular representará un desafío significativo para la tradición de independencia judicial que ha caracterizado al sistema en México.

En términos prácticos, la implementación de la reforma requerirá una reestructuración del sistema electoral para acomodar las nuevas elecciones judiciales, lo que implicará costos adicionales y una mayor carga de trabajo para el INE y otras instituciones involucradas en la organización de elecciones. También será necesario desarrollar nuevos mecanismos de rendición de cuentas y supervisión para garantizar que los jueces y magistrados elegidos cumplan con imparcialidad y profesionalismo.

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