La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó este miércoles las candidaturas de Alma Marina Vitela Rodríguez y Américo Villarreal Anaya en Durango y Tamaulipas, respectivamente.

El TEPJF ratificó la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Durango (TEED) que validó el registro de Vitela Rodríguez como precandidata única de Morena a la gubernatura del estado porque la decisión estuvo debidamente fundada y motivada.

La controversia deriva del medio de impugnación promovido por José Ramón Enríquez Herrera –quien se registró como aspirante— para controvertir la decisión de la Comisión Nacional de Elecciones (CNE) de Morena de designar a Vitela Rodríguez como precandidata única.

Inconforme con la decisión del tribunal estatal, Enríquez Herrera presentó un juicio de la ciudadanía, en lo que alegó que se cometieron diversos vicios durante el proceso interno de selección de la candidatura y solicitó que se revoque la designación impugnada y le sea otorgado el registro como candidato.

El proyecto de sentencia aprobado en sesión pública por videoconferencia, a propuesta del magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón, confirmó la resolución del tribunal local que valida a Vitela Rodríguez.

Tamaulipas

El TEPJF también confirmó este miércoles la sentencia del tribunal local que resolvió una controversia interpuesta por Maki Esther Ortiz Domínguez en contra de la designación de Villarreal Anaya como precandidato único y a la postre candidato de Morena a la gubernatura de Tamaulipas.

Inconforme con la decisión del tribunal local, Ortiz Domínguez presentó un juicio para la ciudadanía, en el que alegó que se cometieron diversos vicios durante el proceso interno de selección de la candidatura de Morena y solicitó que se revoque la designación impugnada y le sea otorgado el registro como candidata.

Ante la falta de reglas claras para garantizar la paridad sustantiva en la postulación de gubernaturas, el TEPJF reiteró la orden a Morena y a los partidos políticos para que, a más tardar al inicio del próximo proceso electoral en que participen gubernaturas, se definan reglas al respecto.