CRISIS DE SEGURIDAD
Violencia estalla en Zacatecas: ataques contra policías y empresarios ponen a prueba el discurso de paz
La explosión frente a una comandancia de Ojocaliente dejó siete personas heridas y se suma a ataques recientes contra elementos de seguridad
La violencia volvió a golpear a Zacatecas con explosivos. La noche de este domingo, un artefacto detonó en las inmediaciones de la Comandancia de Policía Municipal de Ojocaliente y dejó siete personas heridas, entre ellas seis civiles y una integrante de la corporación.
La explosión también provocó daños en la comandancia, inmuebles cercanos, 11 vehículos particulares y dos patrullas. De acuerdo con los primeros reportes oficiales, el artefacto habría sido colocado en un automóvil particular, aunque las autoridades mantienen abierta la investigación para establecer cómo ocurrió el ataque y quiénes fueron los responsables.
Tras la detonación, fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno desplegaron un operativo en el municipio y sus accesos. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas por este hecho.
El impacto del ataque no se quedó en las instalaciones policiales. El gobierno municipal canceló la coronación de la Reina de la Feria 2026 y suspendió las clases en todos los niveles educativos de la cabecera municipal hasta nuevo aviso. También fueron cerradas las oficinas de la Presidencia Municipal, con excepción de las áreas de emergencia y servicios esenciales.
Explosivos: una violencia que se repite
El ataque de Ojocaliente ocurre después de otras agresiones con explosivos registradas durante los últimos días en el sur de Zacatecas.
El 27 de agosto, dos elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas resultaron heridos tras la detonación de artefactos en la carretera federal 54, a la altura de Tabasco. Después de la explosión se registró un enfrentamiento entre elementos de seguridad y presuntos integrantes del crimen organizado.
La carretera permaneció cerrada durante horas mientras las autoridades ubicaban otros cuatro artefactos que fueron detonados de manera controlada. Ese mismo día, el fiscal general de Justicia de Zacatecas, Cristian Paul Camacho Osnaya, reconoció que el uso creciente de explosivos improvisados ya era un asunto que había llegado al ámbito del gabinete de seguridad nacional.
Un día antes del ataque en Ojocaliente, otra agresión con explosivos alcanzó a elementos de seguridad en la zona limítrofe entre Zacatecas y Aguascalientes. Un policía estatal resultó gravemente herido y una maestra quedó en estado crítico después de que un artefacto colocado en una motocicleta fuera detonado a distancia.
Las autoridades de ambos estados investigan el caso debido a que la agresión se habría originado en territorio zacatecano. Un joven fue detenido posteriormente como probable responsable.
Así, el ataque de Ojocaliente no aparece como un episodio aislado. En cuestión de días, los explosivos han sido utilizados contra elementos de seguridad en carreteras y ahora directamente en las inmediaciones de una comandancia municipal, con civiles alcanzados por la detonación.
La masacre que marcó julio
La nueva cadena de ataques llega poco más de un mes después de uno de los episodios más violentos registrados en el estado durante este año.
El 18 de julio, diez hombres fueron asesinados y sus cuerpos abandonados en tres municipios de Zacatecas. Cinco fueron encontrados colgados de un puente en Pánuco; otros cuatro fueron localizados en Morelos y una víctima más apareció en Saín Alto.
Las investigaciones de la Fiscalía estatal establecieron que ocho de los hombres murieron por asfixia o estrangulamiento, mientras que dos fueron asesinados a balazos. Entre las víctimas estaba Ignacio Castrejón Valdez, empresario y exalcalde de Sombrerete.
El caso abrió una investigación relacionada con una presunta red de extorsión y cobro de cuotas. De acuerdo con la línea de investigación de las autoridades, ocho de las víctimas habrían acudido a una reunión después de ser convocadas por quienes posteriormente las privaron de la libertad.
Junto con los cuerpos fueron encontrados mensajes atribuidos a un grupo criminal, en los que se lanzaban acusaciones contra exservidores públicos y supuestos integrantes de estructuras estatales. El gobierno de Zacatecas rechazó esos señalamientos.
La masacre y los ataques de agosto son hechos distintos y no existe, hasta ahora, una confirmación oficial que permita establecer que forman parte de una misma operación criminal. Sin embargo, ambos episodios muestran la presión que enfrentan las autoridades de seguridad en distintas zonas del estado.
El discurso de paz de David Monreal
El contexto político vuelve más relevante la nueva explosión. Apenas un día antes del ataque en Ojocaliente, el gobernador David Monreal Ávila aseguró que Zacatecas había logrado reducir en 96 por ciento la violencia letal durante su administración.
Durante un foro sobre transformación y construcción de paz, el mandatario sostuvo que el estado pasó de registrar mil 741 homicidios dolosos en 2021 a recuperar niveles de tranquilidad que, dijo, no se observaban desde hace 35 años.
Monreal presentó la pacificación como el principal eje de su gobierno y atribuyó los resultados a la inversión en seguridad, el fortalecimiento de las policías, la inteligencia y la coordinación entre las instituciones.
"Pasamos del primer lugar en homicidios dolosos a ser un ejemplo nacional. Hoy somos el motor de la pacificación del país", afirmó.
También aseguró que la estrategia continuará hasta el final de su administración y resumió su postura con una frase: "La paz ha sido nuestro camino y seguirá siendo nuestro camino hasta el último día. Porque Zacatecas no se rinde. Zacatecas no se resigna. Zacatecas merece vivir en paz, con bienestar y con progreso".
Menos de 24 horas después, una explosión frente a una comandancia volvió a poner la seguridad de Zacatecas bajo los reflectores.
Monreal ha insistido en que Zacatecas dejó atrás los años más violentos y que la estrategia de pacificación está dando resultados. Pero mientras el gobernador habla de paz, el estado acumula ataques con explosivos, policías heridos, civiles lesionados y una masacre que todavía pesa sobre la entidad.
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