La propuesta de "Ley Vicente" abrió un debate en México sobre custodias, perspectiva de género y protección infantil tras la muerte de un niño en Mexicali.

Durante una movilización en Mexicali, el padre del menor explicó que la intención es modificar la manera en que se otorgan custodias provisionales.
Durante una movilización en Mexicali, el padre del menor explicó que la intención es modificar la manera en que se otorgan custodias provisionales. Créditos: Captura de pantalla.

La muerte de Vicente, un niño de 3 años que falleció después de permanecer durante varias horas dentro de un vehículo en Mexicali, Baja California, detonó un debate nacional sobre custodias, perspectiva de género y protección infantil.

A partir del caso, familiares paternos del menor impulsan una iniciativa denominada "Ley Vicente", una propuesta que todavía no ha sido presentada formalmente ante el Congreso estatal, pero que ya provocó posiciones encontradas entre organizaciones civiles, activistas y especialistas en derechos humanos.

Actualmente, Roxana "N", madre del menor, enfrenta un proceso penal por el delito de homicidio por comisión por omisión con dolo eventual. La mujer permanece en prisión preventiva mientras continúan las investigaciones relacionadas con la muerte del niño.

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¿Qué plantea la llamada Ley Vicente?

La propuesta comenzó a difundirse públicamente durante una marcha realizada en Mexicali bajo el nombre "Justicia por Vicentito". Ahí, familiares y simpatizantes pidieron modificaciones en los criterios utilizados para otorgar custodias provisionales durante procesos familiares.

Entre los puntos mencionados públicamente se encuentran evaluaciones psicológicas, análisis toxicológicos y revisiones del entorno familiar antes de definir la custodia de niñas, niños y adolescentes.

Durante la movilización, Juan Carlos Meza, padre del menor, declaró:

"Que hagan un examen a los dos padres antes de dar la custodia a cualquiera de los dos".

De acuerdo con quienes respaldan la propuesta, el objetivo sería colocar el interés superior de la niñez como criterio prioritario en disputas familiares relacionadas con custodia.

La iniciativa también ha sido impulsada por integrantes de organizaciones como "No más hijos rehenes", agrupación que sostiene que algunos procesos judiciales excluyen automáticamente a los padres durante litigios familiares.

Roberto Rodríguez, secretario estatal de esa organización, declaró

"Cuando es perspectiva de infancia se mira a las dos personas, se pone en perspectiva el riesgo que puede llegar a tener el menor para el convivio con cualquiera de las partes, en este caso cuando nosotros enfrentamos este tipo de situaciones de un plumazo el juez todo lo que es la familia paterna se borra del menor"

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El caso que detonó el debate

La discusión pública surgió después de que autoridades de Baja California informaran que Vicente murió tras permanecer más de 12 horas dentro de un vehículo bajo temperaturas extremas.

Según la investigación presentada por la Fiscalía estatal, el menor permaneció en su silla de seguridad sin ventilación suficiente, situación que derivó en un golpe de calor severo. Las autoridades también señalaron que el niño presentaba quemaduras derivadas de las altas temperaturas.

Durante las audiencias judiciales, la Fiscalía sostuvo la acusación de homicidio por comisión por omisión con dolo eventual contra Roxana "N". La defensa solicitó reclasificar el delito a homicidio culposo, argumento que fue rechazado por el juez.

En el proceso también se mencionaron mensajes, audios y otros elementos de prueba presentados por el padre del menor. Sin embargo, esos datos forman parte de la investigación judicial en curso y todavía no existe una sentencia definitiva sobre el caso.

RRSS.
Entre los puntos mencionados públicamente se encuentran evaluaciones psicológicas, análisis toxicológicos y revisiones del entorno familiar antes de definir la custodia de niñas, niños y adolescentes. Créditos: RRSS.

La polémica sobre la perspectiva de género

Uno de los aspectos que más controversia generó alrededor de la llamada "Ley Vicente" es la propuesta de algunos grupos de revisar el uso de la perspectiva de género en juicios familiares.

Durante las manifestaciones y entrevistas difundidas en medios locales, algunos participantes señalaron que consideran que ciertos procesos de custodia colocan en desventaja a los padres.

Juan Carlos Meza afirmó: 

"Lo han usado como un arma en lugar de usarlo en el bienestar de ellas, de las propias mujeres".

Esa postura provocó críticas de especialistas y organismos defensores de derechos humanos, quienes advirtieron sobre el riesgo de eliminar herramientas jurídicas utilizadas para atender desigualdades estructurales contra mujeres y menores.

El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California, Jorge Álvaro Ochoa Orduño, consideró que retirar la perspectiva de género en juicios de patria potestad representaría "un retroceso".

El ombudsman señaló que este tipo de procesos deben analizarse con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, además de valorar pruebas psicológicas, sociales y familiares antes de emitir resoluciones.

"Lo que tenemos que hacer efectivamente es que en los juicios de patria potestad, se tienen que analizar, se tienen que estudiar las pruebas que se ofrezcan", expresó.

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Activistas alertan sobre posibles riesgos

Aunque la propuesta todavía no existe jurídicamente como ley, especialistas advierten sobre posibles consecuencias si una eventual reforma se construye únicamente desde una lógica punitiva.

Entre las preocupaciones mencionadas se encuentra el riesgo de que casos relacionados con cuidados infantiles terminen enfocándose exclusivamente en responsabilidades individuales de las madres, sin considerar factores como agotamiento extremo, salud mental, violencia familiar o sobrecarga de cuidados.

También existe discusión sobre el llamado "Síndrome del Niño Olvidado", argumento mencionado por la defensa de Roxana "N". Especialistas han explicado que se trata de una teoría utilizada en algunos procesos judiciales internacionales para describir fallos cognitivos asociados con estrés extremo o agotamiento. Sin embargo, no se trata de un trastorno reconocido oficialmente como enfermedad mental.

X.
El exesposo de Roxana proone la llamada Ley Vicente. Créditos: X.

Protestas, indignación y polarización

El caso provocó manifestaciones en Mexicali durante las audiencias judiciales contra Roxana "N". Algunos asistentes exigieron penas máximas y expresaron indignación por la muerte del menor.

Durante una de las movilizaciones, Angélica Contreras, habitante de Mexicali, declaró

"No aguantó que el padre de Vicentito le pidiera el divorcio se quiso desquitar con lka pobre criatura".

Esa afirmación corresponde a una postura personal expresada durante la protesta y no forma parte de una resolución judicial.

Las autoridades no han informado hasta el momento una conclusión definitiva sobre el móvil ni sobre responsabilidades adicionales fuera de las imputaciones ya formuladas por la Fiscalía.

Una discusión que apenas comienza

La llamada "Ley Vicente" todavía no cuenta con una iniciativa formal publicada en el Congreso de Baja California. Hasta ahora, el concepto funciona principalmente como una propuesta impulsada por familiares, colectivos y ciudadanos que exigen reformas relacionadas con custodias y protección infantil.

Mientras el proceso judicial contra Roxana "N" continúa, el caso abrió una discusión más amplia sobre los límites entre castigo penal, protección de la infancia, perspectiva de género y derechos humanos.

X.
Roxana "N" fue vinculada a proceso este 10 de mayo. Créditos: X.

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