CRIMEN ATROZ
Cronología caso Leyla Monserrat: Claves para entender el asesinato de la joven a manos de sus "amigas" en Sonora
El feminicidio de Leyla Monserrat, asesinada por sus propias amigas, desató indignación nacional tras revelarse sentencias mínimas.
El asesinato de Leyla Monserrat, una adolescente de 15 años en Sonora, no solo cimbró a su comunidad: detonó una indignación nacional que sigue creciendo tras conocerse las sentencias contra sus agresoras. El caso se ha convertido en un punto de quiebre en el debate sobre cómo se castigan los delitos graves cuando los responsables son menores de edad.
A continuación, una reconstrucción completa de los hechos, las investigaciones y las reacciones que han mantenido este caso en el centro de la conversación pública.
Un conflicto previo: bullying, discriminación y ruptura
Antes del crimen, la relación entre Leyla Monserrat y sus agresoras ya estaba fracturada. De acuerdo con las investigaciones y testimonios familiares, la joven era víctima de acoso escolar.
Las adolescentes que posteriormente la asesinarían utilizaron una fotografía suya para burlarse de ella en redes sociales y la atacaban por su color de piel. La madre de la víctima, Carmen Angélica Becerra, ha señalado que desconocía la gravedad del conflicto y nunca imaginó que su hija estuviera en peligro.
Este contexto de violencia previa es clave para entender la escalada que culminó en el feminicidio.
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25 de septiembre de 2025: engaño, emboscada y asesinato
El día del crimen, Leyla fue citada por sus agresoras con un engaño. Le dijeron que conocería a un joven, lo que la llevó a acudir a un domicilio en el ejido El Desierto, en el municipio de General Plutarco Elías Calles.
Ahí, las adolescentes —de 13 y 15 años— la inmovilizaron, la ataron a una silla, le vendaron los ojos y la asesinaron por asfixia mecánica.
El nivel de violencia no terminó ahí: una de ellas grabó el asesinato con un teléfono celular.
Tras cometer el crimen, intentaron ocultarlo enterrando el cuerpo en el patio de la vivienda, incluso manipulándolo para dificultar su localización.
Desaparición y hallazgo del cuerpo
Leyla fue reportada como desaparecida ese mismo 25 de septiembre. Durante días, su familia la buscó sin éxito.
Fue hasta el 2 de octubre de 2025 cuando la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora confirmó el hallazgo de su cuerpo, enterrado en el patio de una casa.
El dictamen forense estableció que la causa de muerte fue asfixia mecánica.
El estado en que fue encontrado el cuerpo fue tan grave que las autoridades entregaron el ataúd cerrado a la familia, impidiendo a su madre despedirse.
Investigación: de un adulto sospechoso a la verdad
En un inicio, las autoridades investigaron la posible participación de un adulto identificado como Martín “N”, alias “El Kalusha”. Sin embargo, esta línea se descartó tras su muerte y el avance de los peritajes.
La investigación científica, encabezada por la Fiscalía y apoyada por la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), permitió reunir pruebas contundentes contra las dos adolescentes.
El cateo en el lugar, el análisis forense y otros elementos periciales fueron determinantes para reconstruir la mecánica del crimen y establecer responsabilidades.
El video del crimen: una prueba clave que desató indignación
Uno de los elementos más impactantes del caso fue la existencia de un video del asesinato, grabado por las propias agresoras.
El material habría llegado de forma anónima a la madre de Leyla y posteriormente fue presentado ante un juez.
En las imágenes —según reportes— se observa a la víctima amarrada y vendada mientras es asfixiada con una cuerda.
Este video no solo fue clave en la investigación, sino que también intensificó la indignación social al evidenciar la brutalidad del acto.
Sentencias: castigos mínimos que encendieron la polémica
En abril de 2026, el sistema de justicia para adolescentes dictó sentencia:
- Una de las agresoras fue condenada a 2 años y 10 meses de internamiento
- La otra recibió 11 meses de libertad asistida
- Ambas deberán pagar 5,657 pesos como reparación del daño
Las sanciones, determinadas bajo el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, desataron críticas generalizadas por considerarse desproporcionadas frente a la gravedad del crimen.
La legislación vigente establece límites en las penas para menores, priorizando la reinserción social, lo que explica la brevedad de las condenas.
El reclamo de una madre: dolor, indignación y exigencia de justicia
La madre de la víctima ha sido una de las voces más contundentes contra la resolución judicial.
“Mientras las asesinas de mi hija podrán regresar a sus vidas normales, yo nunca pude ni despedirme de mi hija”
Además, denunció que los gastos funerarios superaron los 30 mil pesos, muy por encima de la reparación económica fijada por el juez.
“¿Dónde quedan mis derechos? ¿Dónde queda la justicia para mi hija?”
La familia ya anunció que buscará apelar la sentencia.
Indignación social: un caso que reabre el debate nacional
El feminicidio de Leyla Monserrat se volvió emblemático. En redes sociales y entre colectivos feministas, el caso ha sido señalado como ejemplo de las fallas del sistema de justicia para adolescentes.
Entre los principales reclamos destacan:
- La brevedad de las sentencias pese a la violencia extrema
- La baja reparación del daño, que no cubre ni los gastos funerarios
- Los antecedentes de bullying y discriminación
- La falta de mecanismos efectivos para prevenir la violencia entre adolescentes
Miles de usuarios han exigido reformas legales para endurecer las penas en delitos graves cometidos por menores.
Lo que sigue: apelación y presión por una reforma legal
La Fiscalía de Sonora ha reiterado que actuó conforme a la ley vigente, la cual limita el tiempo de internamiento para menores de edad.
Sin embargo, el caso ha dejado claro que existe una tensión entre el enfoque de reinserción social y la demanda de justicia en crímenes de alto impacto como el feminicidio.
La familia de Leyla y diversas organizaciones han anunciado que continuarán presionando para que se revise el caso y se impulse una reforma legal que permita sanciones más severas en situaciones similares.
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