- 18 de marzo de 2026
La mujer de 74 años, imputada por un doble homicidio en Chalco, dejó el penal tras obtener un amparo que modificó su medida cautelar

La imagen marcó un punto de inflexión en uno de los casos más discutidos en el Estado de México: Doña Carlota cruzando la salida del penal, apoyada en un bastón, con una bolsa negra que contenía sus pertenencias y vestida con ropa gris. Sin declaraciones, sin aspavientos, la mujer de 74 años dejó atrás casi un año en prisión preventiva para trasladarse a su domicilio, donde continuará su proceso penal.
Su salida no significa libertad absoluta, sino un cambio de medida cautelar que redefine el rumbo de un caso atravesado por debates sobre legítima defensa, despojo de vivienda y criterios humanitarios en la justicia mexicana.

Prisión domiciliaria: el giro legal que permitió su salida
La decisión que permitió a Doña Carlota abandonar el penal se gestó fuera de los reflectores mediáticos. Fue un juez de Distrito quien, tras analizar un amparo promovido por su defensa, determinó modificar la medida cautelar que la mantenía en prisión preventiva desde abril de 2025.
El argumento central no giró únicamente en torno al caso penal, sino a condiciones personales: su edad avanzada y enfermedades crónicas como hipertensión y diabetes tipo 2. Bajo ese contexto, el juzgador consideró viable que enfrentara el proceso desde su domicilio, aunque bajo estrictas condiciones.
Entre los requisitos impuestos destacan:
- El pago de una garantía económica de 250 mil pesos
- La imposibilidad de contar con pasaporte vigente
- La obligación de comparecer ante la autoridad cuando sea requerida
Este conjunto de medidas busca asegurar su permanencia en el proceso judicial sin recurrir al encierro carcelario.
El caso Chalco: violencia, despojo y una disputa legal compleja
Detrás de la imagen de su salida hay un expediente que sigue abierto. Doña Carlota está imputada por un doble homicidio y tentativa de homicidio tras un enfrentamiento ocurrido en la comunidad de Candelaria Tlapala, en Chalco.
Según las investigaciones, ella y sus hijos acudieron a un inmueble en disputa con el objetivo de desalojar a quienes consideraban invasores. Durante ese episodio se registraron disparos que derivaron en la muerte de un joven de 19 años y su padre, además de dejar herido a un menor de edad.
La defensa ha insistido en que los hechos deben analizarse bajo la figura de legítima defensa, argumento que será clave en las siguientes etapas del proceso.

Una salida que no cierra el caso
Aunque la escena de su salida generó reacciones inmediatas en redes sociales, el proceso judicial está lejos de concluir. Doña Carlota no ha sido absuelta ni sentenciada; únicamente cambió la forma en la que enfrentará las acusaciones.
Además, el caso no se limita a su figura. Dos de sus hijos permanecen en prisión, mientras que otras personas relacionadas con la ocupación del inmueble también enfrentan procesos penales. Incluso, uno de los presuntos involucrados en el despojo ya recibió una condena de seis años.
El trasfondo: despojo de viviendas y respuesta institucional
El expediente de Chalco adquirió relevancia más allá del hecho violento. Se convirtió en un ejemplo visible de un problema estructural: la ocupación ilegal de viviendas.
A raíz de este y otros casos, autoridades federales y estatales impulsaron operativos para recuperar inmuebles, con miles de aseguramientos y devoluciones a propietarios en distintos municipios. En ese contexto, el caso de Doña Carlota quedó en el centro de una discusión más amplia: hasta dónde llega la defensa de la propiedad y dónde comienza la responsabilidad penal.
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