TEUCHITLÁN
Las omisiones en el Rancho Izaguirre: todo lo que la CNDH exhibió sobre la investigación
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentó graves irregularidades en la investigación del Rancho Izaguirre, en Teuchitlán
La investigación del predio conocido como Rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, quedó marcada por una cadena de errores institucionales que, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, comprometieron seriamente la búsqueda de personas desaparecidas.
En su Recomendación 11/2026, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos determinó que la Fiscalía del Estado de Jalisco y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses incurrieron en omisiones graves y sistemáticas durante la investigación del sitio donde colectivos de búsqueda localizaron restos humanos, presuntos hornos clandestinos y objetos personales en marzo de 2025, indicios que apuntaban a una posible operación masiva de desaparición forzada.
La revisión del organismo nacional reveló irregularidades que van desde evidencias sin asegurar y restos óseos sin inventariar, hasta vehículos desaparecidos dentro del predio y muestras genéticas que permanecieron meses sin ser analizadas.
Una escena del crimen mal procesada desde el inicio
Las irregularidades comenzaron desde el primer momento en que las autoridades tomaron control del inmueble.
El 18 de septiembre de 2024, elementos de la Guardia Nacional entregaron el rancho a la Fiscalía estatal junto con 10 personas detenidas. En ese momento se ordenó asegurar el sitio y documentar todos los indicios encontrados.
Dentro del predio se localizaron siete vehículos, armas de fuego, indicios balísticos, diversos objetos de interés criminalístico y un elemento óseo.
Sin embargo, la CNDH documentó que los protocolos básicos de investigación criminal no se cumplieron. Muchos de los indicios no fueron procesados correctamente: no se identificaron, documentaron ni embalaron conforme a los lineamientos periciales.
Incluso algunas prendas halladas en el lugar no cuentan con registro oficial de aseguramiento, mientras que en otros casos simplemente no existe cadena de custodia, un elemento fundamental para que la evidencia tenga validez legal.
Restos óseos hallados... pero nunca inventariados
El 3 de octubre de 2024, personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realizó una intervención enfocada en localizar posibles sitios de inhumación clandestina.
Durante la diligencia se encontró un lote óseo y varios objetos asociados, pero el informe oficial reveló otra irregularidad grave: los restos no fueron asegurados ni clasificados, tampoco se elaboró un inventario formal.
De acuerdo con la CNDH, ninguno de estos elementos fue incorporado al dictamen pericial correspondiente y algunas evidencias localizadas dentro del predio ni siquiera fueron mencionadas en los reportes oficiales.
Tres vehículos desaparecieron mientras el rancho estaba bajo resguardo
Otra de las irregularidades señaladas por el organismo de derechos humanos involucra los vehículos localizados dentro del predio.
De los siete automóviles encontrados, ninguno cuenta con dictámenes periciales que acrediten su procesamiento técnico.
Además, tres de estos vehículos desaparecieron el 25 de noviembre de 2024, cuando el inmueble seguía formalmente bajo custodia de la Fiscalía estatal.
Para la CNDH, este hecho evidencia un incumplimiento directo de la obligación de resguardar el lugar de los hechos y preservar los indicios.
El predio fue abierto al público durante las diligencias
La situación se agravó meses después.
El 20 de marzo de 2025, apenas un día después de que personal de la CNDH acudiera a realizar diligencias de observación, se permitió el ingreso de numerosas personas al predio, pese a que el sitio aún se encontraba en proceso de intervención pericial.
El ingreso masivo alteró la escena y pudo comprometer la preservación de evidencias, lo que, según la Comisión, recae directamente en la responsabilidad de la Fiscalía estatal.
ADN tardó meses en compararse con familias buscadoras
La investigación también registró retrasos significativos en el análisis genético de los restos.
Las muestras biológicas recolectadas en el rancho el 20 de septiembre de 2024 fueron enviadas al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para su estudio.
No obstante, el dictamen de genética se emitió hasta el 19 de marzo de 2025, casi seis meses después.
La comparación con el banco de datos genéticos de familiares de personas desaparecidas también se realizó hasta esa fecha, lo que representó un retraso considerable para las familias que buscan identificar a sus seres queridos.
Más de 1,800 indicios publicados en internet sin custodia
Una de las anomalías más preocupantes detectadas por la CNDH fue la publicación de evidencias relacionadas con el caso en internet.
El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses difundió en su portal oficial un archivo electrónico con la descripción, clasificación y fotografías de 1,842 indicios vinculados al Rancho Izaguirre.
El problema, señaló el organismo, es que muchos de esos indicios no contaban con una cadena de custodia debidamente garantizada, lo que pone en riesgo su validez dentro de cualquier proceso judicial.
La CNDH exige reconocimiento de responsabilidad y cambios en los protocolos
Ante la gravedad de las irregularidades, la Comisión emitió la Recomendación 11/2026 dirigida tanto a la Fiscalía estatal como al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.
Entre las medidas ordenadas se encuentra la realización, en un plazo máximo de seis meses, de un acto público de reconocimiento de responsabilidad y disculpa dirigido a las víctimas y sus familias.
También se exige que ambas instituciones elaboren o actualicen protocolos para la preservación de escenas del crimen, el manejo de evidencias y la cadena de custodia.
Además, deberán colaborar en los procedimientos administrativos que la CNDH inicie contra los servidores públicos involucrados e implementar programas de capacitación especializada en derechos humanos e investigación forense.
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