Los casos de Jeremy y Nicole en la Secundaria 324 encienden las alarmas sobre prevención, protocolos y derechos de niñas, niños y adolescentes.

En menos de seis meses, dos casos graves de violencia escolar colocaron al plantel en el centro de la discusión pública
En menos de seis meses, dos casos graves de violencia escolar colocaron al plantel en el centro de la discusión pública Créditos: Google Maps.

La Escuela Secundaria Diurna Número 324 “Alfonso Caso Andrade”, ubicada en la alcaldía Tláhuac de la Ciudad de México, enfrenta un momento crítico. En menos de seis meses, dos casos graves de violencia escolar colocaron al plantel en el centro de la discusión pública y, sobre todo, en el debate sobre la protección efectiva de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Los nombres de Jeremy y Nicole no sólo remiten a hechos distintos, sino a un patrón que diversas familias describen como omisiones y fallas en la atención oportuna de situaciones de riesgo.

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El caso Jeremy: una riña que escaló a una agresión con arma blanca

El 11 de febrero, Jeremy, estudiante de 15 años, fue herido durante una pelea ocurrida en las inmediaciones del plantel, en la colonia La Conchita. Lo que comenzó como una confrontación entre adolescentes terminó con múltiples lesiones provocadas por un arma blanca.

De acuerdo con los reportes oficiales, el menor fue trasladado al Hospital General de Tláhuac para recibir atención médica urgente. Posteriormente, debido a la gravedad de las heridas, fue llevado al Hospital Pediátrico de Legaria.

El parte médico reveló daños severos en órganos vitales, incluyendo perforaciones pulmonares, afectaciones en el riñón y lesiones intestinales. Su abuela, Guadalupe Mendoza, informó que el estado del adolescente es delicado:

“Nos lo reportan grave por la situación que tuvo”.

En otro momento, al describir el traslado y las complicaciones médicas detectadas posteriormente, expresó:

“Acabo de salir del hospital, el reporte médico, mi nieto acaba de llegar del Hospital de Tláhuac y no se habían dado cuenta de que mi nieto traía otras dos perforaciones en el pulmón, en lugar de ser una son tres, entonces ahorita se agravó en el transcurso del traslado y mi nieto lo van a intubar, puede perder la vida".

La familia también pidió que el caso no sea tratado únicamente como lesiones

“No quiero que se maneje esto nada más como lesiones, que se maneje como intento de homicidio, ese niño no puede quedar sin que no lo juzguen".

El presunto agresor, un adolescente de 14 años, fue presentado ante el Ministerio Público especializado en justicia para adolescentes. La investigación continúa.

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Debido a la gravedad de las heridas, Jeremy fue llevado al Hospital Pediátrico de Legaria. Créditos: X.

Señalamientos por presunta omisión

Además de la gravedad de la agresión, familiares del estudiante han señalado falta de intervención oportuna por parte de autoridades escolares.

“El director no hizo nada”, afirmaron.

Este señalamiento ha generado preocupación entre padres y madres de familia, quienes cuestionan los protocolos de actuación ante riñas y situaciones de violencia en el entorno escolar y sus inmediaciones.

Desde un enfoque de derechos humanos, el Estado y las instituciones educativas tienen la obligación de prevenir, atender y reparar situaciones que vulneren la integridad física y emocional de estudiantes. La Convención sobre los Derechos del Niño establece el derecho a la protección contra toda forma de violencia.

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El antecedente: el caso de Nicole

Meses antes, en octubre de 2025, la Secundaria 324 ya había sido escenario de otro hecho alarmante. Nicole, de 12 años, fue agredida por compañeras dentro del plantel.

La menor relató:

“Me dejaron en la banqueta, me lastimaron dentro de la escuela y me enseñaron un cúter con el que me amenazaron de muerte”.

Según su familia, los episodios de acoso habían sido advertidos con anterioridad. La madre cuestionó públicamente la actuación del personal escolar:

"¿Por qué el director resguardó a la atacante y sacó a mi hija de 12 años a la calle lastimada?“


Nicole fue hospitalizada debido a múltiples contusiones y complicaciones médicas. Su caso detonó protestas de padres de familia y exigencias de revisión de protocolos.

El abogado de la familia señaló irregularidades en la documentación escolar:

“La escuela incluso está haciendo documentación falsa al falsificar la firma de Nicole en un escrito donde ella aceptó que agredió. Se levantó una denuncia por agresiones, hay una por tentativa de homicidio contra el director porque sacó a la niña ensangrentada a punto de morir a la calle”.

En un mensaje dirigido a autoridades federales, la menor expresó:

“Hace unos días (en noviembre 2025) a la Presidenta la tocaron y la violentaron. Si para ella fue duro y le molestó, sé que ella se pondría en mi lugar y me entendería que a mí también me violentaron, fue horrible. Me gustaría pedirle su apoyo para que se me haga justicia y me puedan apoyar”.

Un patrón que preocupa

Ambos casos comparten elementos sensibles: denuncias previas de acoso, agresiones que escalaron en gravedad y cuestionamientos sobre la actuación institucional.

Aunque en el caso de Nicole la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México informó que se actuó conforme a protocolos y anunció la intervención de la Unidad de Atención a la Mujer, Acoso y Situaciones de Integridad (UAMASI), la repetición de un hecho violento en el mismo plantel ha generado dudas sobre la efectividad de las medidas implementadas.

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Comunidad exige garantías

Padres y madres de familia han pedido mayor supervisión en horarios de entrada y salida, protocolos claros ante riñas y acompañamiento psicológico permanente.

Los casos de Jeremy y Nicole no sólo representan tragedias individuales; también reflejan la urgencia de fortalecer estrategias de prevención, detección temprana y actuación inmediata.

Hoy, mientras Jeremy lucha por su vida y Nicole continúa su proceso de recuperación emocional y legal, la Secundaria 324 enfrenta el desafío de reconstruir la confianza de su comunidad.

El enfoque debe centrarse en garantizar que ningún estudiante vuelva a sentirse desprotegido. La protección de la niñez no es opcional: es una obligación legal y ética que exige respuestas firmes, transparentes y con perspectiva de derechos humanos.

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Ambos casos comparten elementos sensibles: denuncias previas de acoso, agresiones que escalaron en gravedad y cuestionamientos sobre la actuación institucional. Créditos: X.

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