DEL COBRO DE CUOTAS AL SECUESTRO
Así operaba la red de extorsión del alcalde de Tequila vinculada al CJNG
La captura de Diego Rivera Navarro destapó una red criminal dentro del ayuntamiento, integrada por mandos de seguridad, tesorería y catastro, con vínculos directos con el CJNG y "El Rey Mago".
Durante meses, el poder municipal en Tequila, Jalisco, no fue solo un engranaje de gobierno: fue, según la Fiscalía General de la República (FGR), el centro de operaciones de una red criminal dedicada a la extorsión, el secuestro y el control político, bajo la presunta protección del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
En el centro del esquema aparece Diego Rivera Navarro, presidente municipal detenido el 6 de febrero e ingresado al penal del Altiplano, acusado de delincuencia organizada, extorsión y secuestro. Para la FGR, el caso expone con crudeza cómo una estructura de gobierno local puede ser utilizada como herramienta criminal.
El patrón: gobierno, amenazas y cobro de cuotas
Los testimonios recopilados por la FGR describen un mismo modus operandi: visitas oficiales que derivaban en amenazas, policías municipales convertidos en cobradores y decisiones administrativas usadas como castigo para quien se resistía a pagar.
Comerciantes, empresarios, empleados del ayuntamiento y opositores políticos relataron que los cobros eran semanales o mensuales. Las advertencias eran claras: secuestro, clausuras, agresiones físicas o multas impagables.
Según el expediente judicial, Rivera Navarro no solo tenía conocimiento del esquema, sino que encabezaba personalmente algunos de los actos de intimidación, acompañado por colaboradores cercanos y elementos de Seguridad Pública armados.
El ayuntamiento como centro de operaciones criminales
Para la Fiscalía, el caso representa "la fusión de la criminalidad con el poder político". El Ayuntamiento de Tequila habría sido utilizado como base para:
Imponer cobros ilegales a negocios y empresas.
Coordinar levantones y traslados a casas de seguridad.
Presionar a opositores políticos mediante violencia.
Usar clausuras, licencias y trámites administrativos como herramientas de extorsión.
Direcciones clave como Seguridad Pública, Catastro, Obras Públicas, Tesorería y Padrón y Licencias formaban parte del engranaje.
Testimonios clave: armas, amenazas y casas de seguridad
Uno de los testimonios centrales corresponde a un comerciante que relató cómo el alcalde ingresó a su negocio escoltado por policías municipales. Portaban armas de fuego. La exigencia fue directa: pagos semanales. La consecuencia de negarse, le dijeron, sería la privación de la libertad.
El denunciante entregó a la FGR números telefónicos, ubicaciones de casas de seguridad y los alias de funcionarios y operadores involucrados.
Otros comerciantes denunciaron extorsiones de hasta 150 mil pesos, además de agresiones físicas, daños a sus locales y amenazas reiteradas contra ellos y sus familias.
Secuestros políticos: obligados a renunciar
El expediente judicial también documenta secuestros con un objetivo político.
Dos excandidatos de Morena en el proceso electoral de 2021 declararon que fueron "levantados", encapuchados y golpeados. Posteriormente fueron trasladados a casas de seguridad, donde, bajo amenazas de muerte, los obligaron a firmar su renuncia a las candidaturas.
Ambos señalaron directamente a Diego Rivera Navarro como quien ordenó las agresiones. Sus dimisiones abrieron el camino para que Rivera se convirtiera en presidente municipal.
Investigaciones periodísticas señalan que el vínculo entre el alcalde y el CJNG se estableció a través de Juan Manuel Pérez Sosa, entonces director de Seguridad Pública, quien habría fungido como enlace entre el grupo criminal y el ayuntamiento.
¿Quiénes integraban la red?
La FGR identificó a los principales integrantes del esquema:
Diego Rivera Navarro: presidente municipal y presunto líder de la red.
Juan Manuel Pérez Sosa: director de Seguridad Pública y presunto enlace con el CJNG.
Juan Gabriel Toribio Villarreal: director de Catastro y Predial.
Isaac "N": director de Obras Públicas.
Julio César Limón Trigueros: encargado de Tesorería.
Francisco Javier Rivera Gutiérrez: director de Padrón y Licencias, señalado por clausuras para extorsionar.
Diego López Ibarra: jefe de Gabinete, presunto operador de lavado de dinero.
Severo Flores Mendoza, "El Rey Mago": intermediario del CJNG.
Escoltas y policías municipales señalados por amenazas y violencia directa.
La esposa del alcalde, mencionada en una denuncia anónima.
El vínculo con el CJNG y "El Rey Mago"
La dimensión del caso trasciende lo local por la figura de Severo Flores Mendoza, alias "El Rey Mago", incluido desde 2022 en la lista del Departamento del Tesoro de Estados Unidos como colaborador del CJNG.
Flores Mendoza coordinó durante más de una década mandos policiales en la región Valles, una zona estratégica para el cártel. De acuerdo con autoridades estadounidenses, brindaba protección, información judicial y recursos al grupo criminal a cambio de sobornos.
Su presencia en la estructura municipal refuerza la tesis de la FGR sobre la protección criminal con la que operaba el alcalde.
De promesa política a detenido
Rivera Navarro asumió la presidencia municipal en octubre de 2024, postulado por una coalición encabezada por Morena, bajo un discurso de honestidad y transformación.
Su gestión, sin embargo, acumuló denuncias: extorsión a empresas tequileras, clausuras irregulares, conflictos con comerciantes, señalamientos de acoso político y presuntos vínculos con el crimen organizado.
En diciembre de 2025, la tequilera José Cuervo denunció al ayuntamiento por imponer cobros de predial hasta 20 veces mayores a lo establecido y multas superiores a 60 millones de pesos. A esto se sumaron quejas de hoteles y otras empresas, además de denuncias por acoso laboral y violencia de género en contra de tres regidoras.
El operativo y lo que sigue
Las detenciones se realizaron en un operativo coordinado por Marina, Defensa y la Secretaría de Seguridad federal, con cateos en al menos cuatro viviendas. En total, fueron capturados cinco funcionarios municipales del primer círculo del alcalde y un integrante del CJNG.
Tras el operativo, el gobierno de Jalisco asumió el control de la seguridad en Tequila y anunció una revisión administrativa a la comisaría municipal. El gobernador Pablo Lemus adelantó que habrá más detenciones y un despliegue adicional de fuerzas estatales.
Desde Morena, su dirigencia nacional sostuvo que "no hay intocables ni pactos de impunidad", mientras que el partido en Jalisco afirmó que nadie está por encima de la ley.
El caso, aún en desarrollo, se perfila como uno de los ejemplos más claros de cómo el crimen organizado puede capturar instituciones municipales completas, utilizar el poder público como herramienta de extorsión y someter a comunidades enteras bajo el miedo.
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