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A más de 10 días del secuestro: radiografía completa del caso de los mineros en Sinaloa
A más de diez días del secuestro, el caso de los mineros de Concordia refleja no solo la violencia extrema en Sinaloa, sino la vulnerabilidad de trabajadores civiles atrapados en disputas criminales.
La desaparición de al menos 14 trabajadores vinculados a actividades mineras y de infraestructura en el municipio de Concordia, Sinaloa, se ha convertido en uno de los episodios más graves de violencia reciente en el sur del estado.
A más de diez días de los hechos, no existe información oficial sobre su paradero, pese a un despliegue masivo de fuerzas federales y estatales en una de las zonas más conflictivas del país.
El caso no puede entenderse de forma aislada. Ocurre en un territorio dominado por la disputa interna del Cártel de Sinaloa, donde comunidades enteras han sido desplazadas por enfrentamientos armados, desapariciones forzadas y ejecuciones constantes. Concordia, junto con zonas de Escuinapa y la franja serrana colindante con Durango, se ha convertido en un tablero estratégico para el control territorial y económico del crimen organizado.
El día de la desaparición: una operación en distintos puntos
La mañana del 23 de enero de 2026 se desarrolló una secuencia de privaciones de la libertad que evidencian planeación y conocimiento del terreno. Un grupo armado irrumpió primero en el campamento de la empresa canadiense Vizsla Silver, donde secuestró a trabajadores relacionados con el proyecto de exploración minera. De manera paralela, otros empleados fueron interceptados en una parada de transporte sobre la carretera Villa Unión–Durango.
En total, las familias y reportes periodísticos hablan de 14 personas desaparecidas: diez trabajadores vinculados a Vizsla Silver, personal de seguridad privada y al menos cuatro empleados de la empresa CICAR S.A. de C.V.
Los perfiles de los secuestrados refuerzan una hipótesis clave: no se trataba de personal operativo común. Entre ellos hay ingenieros, geólogos, coordinadores de seguridad, responsables de relaciones comunitarias y especialistas en medio ambiente, todos necesarios para la etapa inicial de un proyecto minero que aún no entraba en fase de extracción.
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Concordia: territorio en disputa permanente
Desde hace meses, Concordia es escenario de una confrontación abierta entre Los Chapitos y la facción de Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”. La región, según fuentes de seguridad, es controlada en gran parte por una célula ligada a Los Chapitos bajo el mando de Óscar Luciano Martínez Larios, “El Casco”.
Antes del secuestro, habitantes y familiares ya reportaban balaceras, desapariciones y homicidios en comunidades cercanas, así como el abandono forzado de pueblos enteros. La llegada de empresas mineras a una zona con esta configuración criminal ha intensificado la tensión.
La guerra interna del Cártel de Sinaloa
La primera línea de investigación apunta directamente a la disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó públicamente la presencia de un grupo criminal dominante en la zona.
“En esta área opera una célula de Los Chapitos, tenemos identificado a uno de los líderes que opera en la zona y también estamos en su búsqueda”, afirmó durante la conferencia matutina del 30 de enero.
Bajo esta lógica, el secuestro de los trabajadores sería una consecuencia colateral de la lucha por el control territorial y de actividades económicas estratégicas en la sierra sinaloense.
Cobro de piso, extorsión y represalias
Otra de las hipótesis más sólidas es la relacionada con el cobro de piso a empresas mineras, una práctica documentada en distintas regiones del país. El especialista en seguridad David Saucedo explicó en Aristegui Noticias que compañías extranjeras, especialmente canadienses, suelen operar bajo esquemas de extorsión.
“De manera muy pragmática están colaborando con los grupos del narcotráfico y pagando el así llamado derecho de piso. Es decir, para poder realizar su actividad de extracción, lo que hacen es pagar la cuota”.
Saucedo añadió que en algunos casos estas empresas incluso recurren a grupos criminales para contener conflictos sociales, ambientales o mediáticos.
“Contratan a los grupos criminales para contener movimientos ambientalistas, sociales, incluso para amedrentar a la prensa que pueda hacer denuncias por la depredación del entorno natural”.
En este contexto, el secuestro podría responder a pagos incumplidos, un cambio de alianzas o una represalia directa entre grupos rivales.
“Yo tengo la impresión de que en este caso en particular, la empresa canadiense colaboraba con algún grupo, el narcotráfico, y el grupo rival decidió empezar a ejercer represalias para cortar esta fuente de financiamiento”.
Control de minas ilegales y recursos estratégicos
Familiares de los desaparecidos sostienen que el secuestro está ligado al control de yacimientos y minas ilegales, así como al interés criminal por frenar nuevos proyectos formales.
“Si juntamos todas esas especialidades, básicamente es lo que necesita una mina para empezar”, señalaron familiares ante Milenio.
La lógica criminal sería impedir que empresas legales entren a disputar recursos que hoy son explotados de manera clandestina, asegurando así el dominio económico de la región.
Un operativo masivo sin resultados claros
Por instrucción presidencial, se desplegó un operativo sin precedentes en la zona: más de 1,190 elementos del Ejército, Guardia Nacional, Marina, policías estatales y agentes ministeriales, apoyados con helicópteros artillados, avionetas y células de inteligencia.
Los patrullajes se extendieron a comunidades como El Verde, El Magistral y Santa Lucía, muchas de ellas prácticamente vacías por desplazamientos forzados. Sin embargo, las familias denuncian que no hay avances concretos ni información clara.
Detenciones, cateos y hallazgos relevantes
Como parte de los operativos, fueron detenidas cuatro personas armadas en dos acciones distintas en los poblados de La Concepción y El Verde. Se aseguraron fusiles de alto poder, municiones, chalecos tácticos y cargadores.
Paralelamente, la Fiscalía de Sinaloa informó sobre cinco cateos realizados en Concordia y Mazatlán. En ellos se localizaron pertenencias personales, identificaciones, teléfonos celulares y una computadora portátil, actualmente bajo análisis pericial.
La fiscal general Claudia Zulema Sánchez Kondo confirmó que la carpeta de investigación se abrió el 24 de enero, aunque solo existen cinco denuncias formales, una cifra que no coincide con los testimonios de las familias.
El caso de Pablo Osorio: una desaparición fuera del registro oficial
El expediente se vuelve más complejo con el caso de Pablo Osorio Sánchez, ingeniero civil de 26 años, originario de Tlaxiaco, Oaxaca, desaparecido el mismo 23 de enero mientras esperaba transporte en la autopista Durango–Mazatlán.
Pablo no trabajaba para Vizsla Silver, sino para CICAR S.A. de C.V., donde realizaba su residencia profesional. Esta diferencia contractual ha provocado que su caso no sea integrado oficialmente al de los mineros secuestrados.
Su madre, Socorro Osorio Sánchez, relató el último contacto con su hijo: “Sí, en la mañana estuvimos platicando yo y él. Nomás escuché que dijo que si podían arreglar y escuché un carro, y ya no escuché más”.
La llamada se cortó abruptamente y nunca volvió a comunicarse. “De ahí le marqué y ya no me contestó”.
Por su parte, Damaris Osorio, prima de la victa, reveleó en entrevista con Azucena Uresti que en el momento del secuestro, Pablo se encontraba en comunicación telefónica con su novia.
La llamada se interrumpió de forma abrupta, lo que encendió las alarmas entre sus familiares. Esa comunicación inconclusa fue la primera señal de que algo grave había ocurrido y permitió reconstruir con precisión el lugar y la hora aproximada de la privación de la libertad.
La Comisión Estatal de Búsqueda difundió la ficha de Pablo Osorio, quien presenta cicatrices visibles en la frente y la oreja, y fue visto por última vez alrededor de las 8:30 de la mañana.
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