Muerte por asfixia y heridas visibles: las inconsistencias forenses en el caso de Cindy y Teresita

La muerte de Cindy y de su madre, Teresita de Jesús, no solo abrió una investigación penal por feminicidio en el Estado de México; también expuso una cadena de omisiones, contradicciones forenses y fallas institucionales que hoy mantienen a una familia en la incertidumbre y a un presunto agresor prófugo.

El caso, ocurrido en Cuautitlán Izcalli, se ha convertido en un espejo incómodo de cómo la violencia documentada puede no traducirse en prevención efectiva.

Entre lo que dicen los peritajes y lo que vieron los familiares

Las actas de defunción establecen que ambas mujeres murieron por asfixia por estrangulamiento. Sin embargo, esa conclusión oficial contrasta con lo observado por la familia durante el reconocimiento de los cuerpos. Rafael Guadarrama, familiar de las víctimas, denunció públicamente inconsistencias visibles: lesiones en la cabeza que apuntan a un traumatismo craneoencefálico provocado por golpes con un objeto contundente.

La discrepancia no es menor. Para los familiares, la descripción de las lesiones coincide con la versión de que el agresor utilizó un martillo para cometer el doble asesinato, un dato que también aparece en informes periciales preliminares que señalan heridas por golpes en la cabeza. La exigencia es clara: que los dictámenes forenses reflejen con precisión la mecánica real de la agresión.

Violencia documentada antes del crimen

El doble feminicidio no ocurrió en un vacío. Cindy, de 25 años, había salido recientemente de Tultepec para refugiarse en casa de su madre, Teresita, de 53 años, tras una relación marcada por la violencia.

La Fiscalía tenía conocimiento previo del entorno: Erick Antonio ‘N’, pareja de Cindy y hoy señalado como presunto responsable, había sido denunciado por violencia familiar tras presuntamente fracturar el fémur de Damián, el hijo mayor de Cindy, entonces de seis años.

Ese proceso no avanzó. Cindy otorgó el perdón en un contexto de violencia cíclica, una decisión que cerró la vía penal sin que se activaran mecanismos de protección de largo plazo para ella ni para sus hijos. Años después, la violencia escaló hasta el desenlace fatal.

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Vulnerabilidad ignorada en el entorno familiar

Al momento del ataque, las condiciones de las víctimas agravaban su situación de riesgo. Teresita padecía una enfermedad crónica que la mantenía en silla de ruedas tras la amputación de ambas piernas. Cindy, además de huir de una relación violenta, intentaba proteger a sus hijos.

Esa noche, el agresor no solo asesinó a ambas mujeres; también mató a la mascota de la familia, una perrita chihuahua, y dejó encerrado a Damián en el baño.

Tras el crimen, Erick Antonio ‘N’ huyó del lugar llevándose a su hija biológica de tres años, Erika Camila. La menor fue localizada horas después en Tultepec y reintegrada a su familia materna. Él, en cambio, continúa prófugo. Las autoridades extendieron su búsqueda a nivel nacional, pero hasta ahora no se tienen indicios claros sobre su paradero.

Los hijos de Cindy quedaron bajo resguardo de familiares y del DIF. En los servicios funerarios, solo estuvo presente Damián, el niño que ya había sido víctima de violencia previa y que sobrevivió a la noche del ataque.

Durante el sepelio en el panteón de Loma Bonita, la familia exigió justicia, pero también algo más específico: claridad absoluta en la investigación. Su demanda se centra en que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México esclarezca las contradicciones entre la necropsia y las lesiones visibles, y que el expediente no minimice la brutalidad del ataque.

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