MALTRATO ANIMAL Y DISPUTA POR UN PREDIO
Las claves detrás del conflicto en el Refugio Franciscano
El retiro de 936 perros y gatos del Refugio Franciscano detonó un conflicto que combina denuncias de maltrato animal, enfrentamientos con autoridades y una disputa legal por un predio de alto valor en Cuajimalpa.
El conflicto en el Refugio Franciscano, ubicado en el kilómetro 17.5 de la carretera México–Toluca, en la alcaldía Cuajimalpa, detonó esta semana tras un operativo del Gobierno de la Ciudad de México para retirar a 936 animales, principalmente perros y gatos, en medio de denuncias de maltrato animal y una disputa legal por la propiedad del predio de aproximadamente 16 hectáreas.
Las autoridades capitalinas aseguran que la intervención responde exclusivamente al bienestar animal, mientras que integrantes del refugio y activistas denuncian un operativo desproporcionado y acusan que el caso es utilizado para despojarlos del terreno.
El operativo y el retiro de los animales
A las 13:35 horas del miércoles se concretó el retiro de los animales del Refugio Franciscano, luego de un operativo coordinado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT).
Durante la diligencia, al menos nueve vehículos, entre camiones tipo torton, unidades de volteo, combis sin ventanas y automóviles particulares, salieron del predio con animales enjaulados. Elementos de la SSC formaron un cerco de seguridad para permitir las maniobras y evitar bloqueos en la carretera México–Toluca.
El operativo generó enfrentamientos verbales y físicos entre manifestantes y policías. En redes sociales circularon imágenes de empujones y forcejeos, así como del uso de objetos para agredir a los uniformados. Tras el traslado, el acceso principal al inmueble permaneció cerrado y bajo resguardo policial.
Las denuncias de maltrato animal
La FGJCDMX informó que la investigación contra el Refugio Franciscano inició en diciembre de 2025, a partir de denuncias ciudadanas por presunto maltrato o crueldad animal. Como parte de la indagatoria, se realizaron inspecciones ministeriales, peritajes veterinarios forenses y dictámenes técnicos.
De acuerdo con la fiscal Bertha Alcalde, se documentaron probables actos de maltrato en al menos 798 de los 936 animales contabilizados. Las autoridades señalaron condiciones de hacinamiento extremo, jaulas sin ventilación ni iluminación suficiente, acumulación de heces y orina, presencia de fauna nociva y falta de atención veterinaria oportuna.
Tras el aseguramiento, la Fiscalía reportó la muerte de 21 perros y gatos luego de recibir atención médica especializada, mientras que otros 57 permanecen hospitalizados bajo resguardo del Gobierno de la Ciudad de México.
Los dictámenes veterinarios también detectaron desnutrición severa, obesidad extrema, enfermedades dermatológicas, lesiones ortopédicas y neurológicas, tumores sin tratar y padecimientos respiratorios en felinos. Debido al estado de salud y al estrés prolongado de algunos animales, el retiro se realiza de manera gradual para evitar riesgos adicionales.
La disputa legal por el predio
Además de las denuncias por maltrato animal, el caso está marcado por un conflicto jurídico entre el Refugio Franciscano A.C. y la Fundación Antonio Haghenbeck de la Lama I.A.P. por la posesión del predio donde opera el albergue.
La disputa data de al menos 2021 y se desarrolla en el ámbito mercantil. El 11 de diciembre pasado se ejecutó un desalojo judicial a favor de la fundación, lo que generó protestas de activistas y personal del refugio. Posteriormente, el Refugio Franciscano obtuvo una suspensión judicial que, según su versión, ordenaba la restitución del inmueble y la custodia de los animales.
Integrantes del refugio aseguran que dicha suspensión no fue respetada durante el operativo de enero, mientras que las autoridades capitalinas sostienen que la intervención se limita al aseguramiento de los animales y no al conflicto por la propiedad del terreno, el cual, afirman, deberá resolverse en tribunales.
La postura del Refugio Franciscano
Representantes del Refugio Franciscano rechazaron los señalamientos de maltrato animal y calificaron el operativo como "desproporcionado". Aseguran que durante años han rescatado animales en condiciones críticas y que los ejemplares no llegan en estado óptimo al albergue.
También denunciaron que cuidadores y veterinarios fueron desalojados con violencia y que la separación de los animales de su personal generó estrés adicional. El refugio sostiene que la narrativa de maltrato se utiliza para justificar el despojo del predio, el cual, señalan, tiene un alto valor inmobiliario.
El caso también dividió a colectivos animalistas. Mientras algunos grupos, como La Tribu, se manifestaron para exigir el rescate inmediato de los animales y aseguraron no tener interés en el litigio por el predio, otros activistas respaldaron al Refugio Franciscano y cuestionaron la actuación de las autoridades.
Durante las protestas se registraron bloqueos momentáneos en el Ángel de la Independencia y conatos de cierre en la carretera México–Toluca, que fueron contenidos por la policía.
La respuesta del Gobierno capitalino
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que el operativo responde exclusivamente al bienestar animal y negó que la administración capitalina tenga interés en el predio. Señaló que el Gobierno de la Ciudad de México respetará las resoluciones judiciales relacionadas con la propiedad del terreno.
Además, anunció que presentará una iniciativa de ley ante el Congreso capitalino para regular y supervisar refugios y albergues de animales, con el objetivo de garantizar condiciones dignas y evitar el hacinamiento y el maltrato.
La FGJCDMX informó que la investigación por maltrato o crueldad animal continuará hasta el esclarecimiento total de los hechos y el deslinde de responsabilidades. En paralelo, el litigio entre el Refugio Franciscano y la Fundación Antonio Haghenbeck sigue su curso en instancias judiciales.
Mientras tanto, los animales permanecen bajo resguardo del Gobierno capitalino y en atención veterinaria especializada, en un caso que combina bienestar animal, conflicto legal y cuestionamientos sobre la regulación de los albergues en la Ciudad de México.
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