Coche bomba en Coahuayana: la guerra entre cárteles que convirtió al municipio en un punto de terror

La explosión de un coche bomba frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria en Coahuayana, Michoacán, no fue un hecho aislado ni fortuito. El ataque, registrado la mañana del sábado sobre la avenida Rayón, en plena zona centro del municipio, dejó al descubierto una batalla territorial que se libra desde hace años en uno de los puntos más estratégicos de la costa michoacana.

De acuerdo con el último reporte de la Fiscalía General del Estado (FGE), el saldo mortal ascendió a cinco personas, mientras que al menos cinco más permanecen lesionadas por la onda expansiva del estallido ocurrido alrededor de las 11:40 horas. Sin embargo, las cifras oficiales no terminan de dimensionar el impacto real.

El propio presidente municipal de Coahuayana, Andrés Aguilar Mendoza, advirtió que el número de personas heridas podría ubicarse entre 20 y 25, debido a que la explosión afectó varias cuadras, provocó daños en inmuebles y alcanzó a vehículos que se encontraban estacionados cerca de la comandancia.

Un ataque directo a la policía comunitaria

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que dentro del vehículo siniestrado viajaba un conductor, quien perdió la vida en el lugar. Además, dos personas más fallecieron tras ser trasladadas a un hospital regional. Posteriormente se confirmó la muerte de tres policías comunitarios que recibían atención médica, elevando la cifra de víctimas mortales.

En el sitio del ataque se localizó una camioneta completamente destruida y restos humanos, evidencia del poder destructivo del artefacto. Videos difundidos en redes sociales muestran el momento posterior a la explosión y el alcance de la onda expansiva, que impactó directamente la sede de la Policía Comunitaria y dañó al menos cuatro vehículos cercanos.

Ocho elementos comunitarios resultaron lesionados y fueron trasladados de urgencia a distintos hospitales. Las autoridades estatales reconocieron que se trató de un ataque directo contra el cuerpo de seguridad local, lo que encendió las alertas en la región costera.

Operativo aéreo y despliegue de fuerzas federales

Ante la magnitud de la agresión, el secretario de Gobierno de Michoacán, Raúl Zepeda Villaseñor, informó que se activaron de inmediato los protocolos de atención terrestre y aérea para el traslado de heridos.

La Secretaría de Marina (Semar) desplegó un operativo especial con cinco helicópteros navales: tres MI-17 con personal médico, de enfermería y fuerza de reacción aerotransportada; una aeronave Panther con personal médico especializado; y un helicóptero Black Hawk con elementos de sanidad naval.

Los Hospitales Navales de Manzanillo y Lázaro Cárdenas fueron puestos en alerta máxima para recibir a posibles lesionados, mientras que personal de la Décimo Sexta Zona Naval mantuvo seguridad perimetral y control en accesos carreteros.

Por su parte, el Gobierno de Michoacán confirmó que varias de las personas heridas fueron trasladadas a hospitales en la ciudad de Morelia para recibir atención especializada.

La FGR informó que ya se abrió una carpeta de investigación para identificar a los responsables del ataque, además de enviar peritos especializados en explosivos para apoyar a la Fiscalía estatal.

Tras la explosión, se desplegó un operativo conjunto integrado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, con el objetivo de reforzar puntos estratégicos del municipio y evitar nuevos ataques.

Coahuayana: territorio clave en la guerra entre cárteles

Más allá del saldo humano, el atentado revela la importancia estratégica de Coahuayana dentro del mapa criminal de Michoacán. En entrevista con Infobae México, el especialista en seguridad pública y crimen organizado, David Saucedo, señaló que el ataque está directamente vinculado a la disputa entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y las células que integran Cárteles Unidos.

Según el experto, desde hace al menos cinco años ambos grupos se disputan el control del municipio por su ubicación en la frontera entre Colima y Michoacán, así como por su cercanía con la carretera federal 200, una vía clave que conecta los municipios de la costa michoacana.

Controlar Coahuayana permitiría al CJNG consolidar su expansión territorial y asegurar el flujo logístico hacia el resto del estado. De hecho, un mapa criminal elaborado por el investigador Víctor Manuel Sánchez Valdés indica que el cártel encabezado por Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", tiene presencia en 110 de los 113 municipios de Michoacán.

La "muralla" que frena al CJNG

Pese a ese avance, Coahuayana se mantiene como un punto de resistencia. Saucedo explicó que el municipio funciona como un "embudo" que frena el ingreso del CJNG hacia la costa y la Sierra Madre del Sur, debido a la contención ejercida por Cárteles Unidos.

"Coahuayana es la puerta de entrada a la zona costera y a la Sierra Madre del Sur del estado de Michoacán. Uno de los factores que han evitado que Michoacán caiga en poder de las tropas de "El Mencho", es justamente que el abastecimiento de armas, municiones, pertrechos y la llegada de tropas de refuerzo se ve obstaculizada por el "embudo" y contención que los Cárteles Unidos realizan en Coahuayana. El municipio se ha convertido en una muralla que frena el avance de las tropas del CJNG en la zona", explicó.

Ataques, desplazamiento y estrategia de terror

Como respuesta a esa resistencia, el CJNG habría intensificado ataques contra la Policía Comunitaria y la población civil. Saucedo advirtió que el grupo criminal ha recurrido a tácticas de narcoterrorismo, incluyendo minas terrestres, ataques con drones y coches bomba, con el objetivo de debilitar la estructura local de seguridad y forzar el desplazamiento de habitantes.

"Los jaliscienses han reaccionado con ataques en contra de la policía comunitaria, sembrando minas terrestres, lanzando ataques con drones, colocando coches bomba (como ocurrió el día de hoy en el primer cuadro de la cabecera municipal) y utilizando tácticas de narcoterrorismo, que han inducido el desplazamiento de la población civil", explicó.

Un antecedente directo ocurrió el 24 de agosto de 2024, cuando un enfrentamiento armado entre presuntos integrantes del CJNG y la Policía Comunitaria dejó ocho uniformados muertos. A ello se suma otro hecho registrado el 22 de febrero de 2025, cuando un vehículo explotó en una calle de terracería del municipio, causando daños materiales en viviendas y plantíos.

Autodefensas y crimen organizado: una frontera difusa

El análisis de Saucedo también apunta a la compleja relación entre grupos de autodefensa y organizaciones criminales. Aunque estos colectivos se presentan como protectores de la población, el experto considera "muy probable" que algunos funcionen como células armadas al servicio de mafias locales.

Desde 2014 se documentó la presencia de Héctor Zepeda Navarrete, "El Comandante Teto", como líder de autodefensas en la región, inicialmente para enfrentar a los Caballeros Templarios. A partir de 2023, se reportó que encabezaría un cuerpo de seguridad destinado a combatir al CJNG e impedir su ingreso al municipio.

"Aunque en la zona también se ha documentado la existencia de ´grupos de autodefensa´ que dicen proteger a la población de los grupos del narcotráfico, es muy probable que estos en realidad sean células de sicarios de las mafias locales michoacanas que tratan de impedir el avance del CJNG", explicó.

Información de inteligencia federal ubica a "El Comandante Teto" como principal líder de Cárteles Unidos en la región, mientras que al frente del CJNG se encuentra Luis Gabriel Cabrera Jiménez, alias "El Humilde".

¿Qué pasó con el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia?

El atentado con coche bomba en Coahuayana vuelve a poner bajo cuestionamiento el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, la estrategia federal que busca reducir la violencia en el estado mediante un enfoque integral que combina seguridad, desarrollo social y fortalecimiento comunitario.

Lanzado tras episodios de alto impacto, como el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, el plan prometía atacar las causas estructurales de la violencia y no limitarse a una lógica meramente punitiva.

Si bien el gobierno federal ha reportado avances —como detenciones, aseguramientos de armas, explosivos, vehículos y drogas, además de operativos permanentes en zonas clave como Apatzingán, Zitácuaro y la región citrícola—, hechos como el ocurrido en Coahuayana evidencian que, en territorios estratégicos dominados por la disputa entre cárteles, la capacidad del Estado para contener el uso de tácticas de narcoterrorismo sigue siendo limitada.

La persistencia de ataques contra policías comunitarios, el empleo de coches bomba y el desplazamiento forzado de civiles contrastan con el objetivo central del plan: disminuir la violencia y generar confianza ciudadana.

En municipios como Coahuayana, donde convergen intereses criminales, autodefensas y fuerzas estatales, la pregunta permanece abierta: ¿el Plan Michoacán está logrando pacificar el territorio o solo contiene, de forma temporal, una guerra que sigue activa bajo nuevas y más letales formas?

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