"PODRÍA IR A PRISIÓN"
La Cineteca Nacional lleva a tribunales a activista trans expulsada del baño en 2023
Razzia Santillán fue expulsada de los baños de la Cineteca Nacional en 2023; hoy enfrenta una demanda por 200 mil pesos
Razzia Santillán, una joven trans, fue expulsada en septiembre de 2023 del baño de mujeres de la Cineteca Nacional, ubicada en la alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.
Desde entonces, la también activista emprendió diversas movilizaciones dentro y fuera del recinto cultural para exigir que las autoridades atendieran su caso y evitar que situaciones similares se repitieran con otras mujeres trans.
La activista enfrenta una demanda por 200 mil pesos
En entrevista con Quinto Poder, Santillán señaló que su historia tomó un rumbo inesperado: no solo no recibió apoyo institucional, sino que además fue demandada por la Cineteca Nacional, que le exige el pago de 200 mil pesos por daños materiales.
"Llevo dos años protestando por un ataque de odio que viví en las instalaciones de la Cineteca, donde me sometieron y expulsaron; este acto afectó no solo a mí, sino a toda la población trans", afirmó.
La demanda se sustenta en los daños ocasionados durante una protesta realizada en el recinto, donde se reportó la destrucción de mamparas y parte del mobiliario. Sin embargo, Santillán considera el monto "excesivo y abusivo".
"No puede ser que los bienes materiales estén por encima de las poblaciones vulnerables; hemos hecho el trabajo que este gobierno no puede hacer", subrayó.
Razzia impulsó una red de economía informal en las instalaciones de la Cineteca Nacional
Ante esta situación, la activista decidió resignificar su lucha más allá de las manifestaciones y plantones. Con el apoyo de otras mujeres trans, personas LGBT+, indígenas y migrantes, impulsó una red de economía informal dentro de las instalaciones de la Cineteca Nacional.
Hoy, Santillán enfrenta un proceso legal directamente con el recinto cultural, mismo que ha preferido no emitir declaraciones para no entorpecer el caso.
"Yo podría ir a la cárcel y solo soy una activista que no ha podido ejercer su trabajo por amenazas de muerte. Yo no puedo pagar los 200 mil pesos; mejor que los pague la institución que me violentó", declaró.
