Fiscalía de Jalisco rechaza acusaciones de omisión y destaca 10 detenidos en caso Teuchitlán

La Fiscalía Estatal de Jalisco anunció que entregará a la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) la carpeta de investigación sobre el rancho Izaguirre, señalado como campo de adiestramiento y exterminio del crimen organizado.

Según el fiscal estatal Salvador González, el expediente demuestra que "desde el inicio de la actual administración estatal se han llevado a cabo diversos actos de investigación para avanzar en este caso, por lo que hay diez personas en prisión".

El anuncio surge tras el informe del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, quien acusó a la fiscalía estatal de omisiones en la investigación del caso. En respuesta, González aseguró que Jalisco mantiene una postura de colaboración con la FGR y que la visita del fiscal general a la entidad contará con su apoyo total para garantizar transparencia en el proceso.

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Participación de la sociedad civil en la investigación

Como parte de los esfuerzos para generar confianza, el gobernador Pablo Lemus propuso la instalación de una Comisión de la Verdad. Esta incluirá a madres buscadoras, colectivos, organismos internacionales y universidades. Además, la fiscalía estatal invitó a organizaciones de derechos humanos y activistas a visitar el Rancho Izaguirre junto con la delegación de la FGR.

"Queremos que la sociedad en su conjunto acompañe la investigación y el proceso del esclarecimiento. Ofreceremos todas las facilidades para los traslados con camiones disponibles que partirán desde la delegación de la Fiscalía General de la República", afirmó González.

Señalamientos de omisión por parte de la FGR

El fiscal Gertz Manero aseguró que la fiscalía estatal incurrió en graves omisiones en la investigación del Rancho Izaguirre, descubierto en septiembre de 2024 por la Guardia Nacional.

Entre los errores se encuentran la falta de rastreo de indicios, la omisión en la identificación de huellas dactilares y la ausencia de una inspección total del predio. Además, se criticó que no se haya dado intervención inmediata a la FGR en delitos federales como la posesión de armas de alto calibre y delincuencia organizada.

Ante estos señalamientos, la FGR solicitó con carácter urgente la entrega de toda la información faltante y un informe detallado de las actuaciones realizadas por la fiscalía estatal.

El rancho Izaguirre y la conexión con el CJNG

El Rancho Izaguirre, conocido como la "escuelita del terror", presuntamente operaba como centro de entrenamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Aunque la FGR no ha detallado la identidad de los sicarios detenidos que pasaron por el predio, una de las pistas clave apunta a la Policía Municipal de Tala.

Varios elementos de esta corporación han sido acusados de participar en desapariciones forzadas, algunas de ellas documentadas antes de que el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco interviniera en el predio de Teuchitlán. Según la fiscalía estatal, existen testimonios de víctimas que sobrevivieron al rancho y señalaron a policías municipales como sus captores.

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Uno de los detenidos, Emmanuel "A", fue arrestado en octubre de 2024 por su presunta participación en una desaparición forzada, apenas cuatro meses después de haberse incorporado a la Dirección de Seguridad Pública de Tala. Otros dos elementos de la misma corporación fueron dados de baja y se encuentran prófugos.

La fiscalía estatal también ha documentado casos similares en otras corporaciones municipales. En marzo de 2024, cuatro policías de Tlajomulco de Zúñiga fueron detenidos por la desaparición de un hombre, quien fue interceptado bajo el pretexto de un robo de vehículo y trasladado por la fuerza.

Asimismo, en mayo de 2023, otros cuatro agentes de Tala fueron arrestados por delitos similares ocurridos en 2021, incluyendo al comisario de la policía municipal.

El caso del Rancho Izaguirre ha expuesto una preocupante red de corrupción dentro de las fuerzas de seguridad municipales en Jalisco. La complicidad de algunos elementos con el crimen organizado refuerza la urgencia de una reforma profunda en las instituciones de seguridad pública.

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La indignación pública ante estos hechos ha generado presión para esclarecer los vínculos entre las autoridades locales y el CJNG, mientras la FGR y la fiscalía estatal continúan las investigaciones. La instalación de la Comisión de la Verdad será clave para determinar el alcance de estas redes criminales y garantizar justicia para las víctimas.

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