LA VIOLENCIA LLEGA AL SENADO
Zenyazen Escobar, Benito Aguas y Cuén, los tres diputados asesinados en la actual Legislatura
En poco más de dos años, tres políticos electos para integrar la LXVI Legislatura murieron de forma violenta: Héctor Melesio Cuén, Benito Aguas y Zenyazen Escobar.
La violencia que durante años ha golpeado a candidatos, alcaldes, funcionarios y operadores políticos alcanzó también a integrantes de la Cámara de Diputados. La mañana del 4 de septiembre, el diputado federal de Morena Zenyazen Roberto Escobar García fue localizado sin vida dentro de su vehículo, a un costado de la carretera federal Xalapa-Veracruz, en la zona conocida como La Gloria, municipio de Puente Nacional.
Las primeras diligencias establecieron que presentaba al menos una herida producida por arma de fuego. La Fiscalía General del Estado de Veracruz acudió al sitio para realizar los peritajes correspondientes e integrar la carpeta de investigación. Posteriormente, el gobierno estatal informó que la Fiscalía General de la República atraerá el caso para determinar las circunstancias de lo ocurrido.
De acuerdo con las primeras declaraciones de autoridades estatales, el vehículo no presentaba señales evidentes de violencia. Hasta el momento, las autoridades no han establecido públicamente el móvil ni han informado de personas detenidas por estos hechos. Escobar tenía 42 años y había construido su carrera política en Veracruz desde el magisterio.
Fue maestro de telesecundaria, integrante del movimiento magisterial, diputado local y secretario de Educación durante el gobierno de Cuitláhuac García. En 2024 llegó a San Lázaro como diputado de Morena por el distrito 16 de Veracruz.
Además formaba parte de las comisiones de Cambio Climático y Sostenibilidad, Economía, Comercio y Competitividad y Marina. Su muerte se suma al asesinato de otro diputado federal en funciones durante la LXVI Legislatura: el también veracruzano Benito Aguas Atlahua.
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Benito Aguas: la violencia en la Sierra de Zongolica
El 9 de diciembre de 2024, apenas unos meses después del inicio de la LXVI Legislatura, Benito Aguas Atlahua fue atacado a balazos en la comunidad de Tepenacaxtla, en el municipio de Zongolica. El legislador del Partido Verde Ecologista de México, representante del distrito 18 de Veracruz, resultó gravemente herido. Fue trasladado a un hospital de la región y posteriormente a Orizaba, donde murió a causa de las lesiones.
En el ataque también perdió la vida Agustín Linares López. La muerte de Aguas provocó reacciones en la Cámara de Diputados, donde se guardó un minuto de silencio en su memoria y se exigió el esclarecimiento de los hechos. La investigación llegó posteriormente al ámbito federal.
En febrero de 2025, la Fiscalía General de la República informó sobre la detención y vinculación a proceso de Guillermo "N", señalado como presunto responsable del homicidio de Aguas y Linares López. De acuerdo con la investigación presentada entonces, el acusado habría disparado contra varias personas durante una convivencia y posteriormente escapado en motocicleta.
La existencia de una persona procesada no ha cerrado el expediente. El proceso judicial deberá determinar la responsabilidad del acusado y establecer las circunstancias y el móvil del ataque. Antes de llegar a San Lázaro, Aguas había sido alcalde de Zongolica.
Su asesinato ocurrió en la misma región que representaba como diputado federal. Cinco meses antes de aquel ataque, otro político que había sido electo para integrar la LXVI Legislatura también había sido asesinado.
Héctor Melesio Cuén: el diputado que nunca llegó a San Lázaro
El caso de Héctor Melesio Cuén Ojeda tiene una diferencia fundamental respecto de Escobar y Aguas: nunca llegó a ocupar su curul. Cuén había sido electo diputado federal para integrar la LXVI Legislatura, pero fue asesinado el 25 de julio de 2024, semanas antes de que comenzaran los trabajos del nuevo Congreso.
La Cámara de Diputados lo reconoció como diputado federal electo y, tras conocerse su muerte, realizó un minuto de silencio en su memoria. El homicidio ocurrió en Sinaloa y las primeras versiones sobre el ataque señalaban un intento de robo en una gasolinera. Esa explicación fue posteriormente cuestionada por la investigación federal.
La Fiscalía General de la República informó que encontró indicios relacionados con el homicidio en la finca Huertos del Pedregal, inmueble que también quedó relacionado con la investigación sobre los acontecimientos del 25 de julio de 2024 y el traslado de Ismael "El Mayo" Zambada a Estados Unidos.
A partir de entonces, el caso Cuén quedó incorporado a una investigación federal que contempla distintos hechos ocurridos aquel día en Sinaloa, entre ellos el homicidio del político sinaloense, el presunto secuestro de Zambada y la desaparición de dos de sus escoltas, además de posibles delitos contra la procuración de justicia.
La investigación de Cuén, por tanto, no se limita a establecer quién disparó contra el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. También forma parte de la indagatoria federal sobre lo ocurrido alrededor del traslado de Zambada.
Tres casos, una misma Legislatura
Cuén, Aguas y Escobar llegaron a la política por distintas vías y ocuparon cargos diferentes. Sus muertes también ocurrieron en circunstancias distintas y cada caso tiene su propia investigación. Sin embargo, hay un punto que los une: los tres habían sido elegidos por los ciudadanos para ocupar un espacio de representación política a nivel federal.
Cuén fue electo para integrar la LXVI Legislatura, aunque murió antes de rendir protesta. Aguas y Escobar sí ocuparon una curul en San Lázaro y ambos murieron mientras ejercían el cargo. Con ellos, la violencia alcanzó directamente a dos diputados federales en funciones durante una misma Legislatura.
Estos casos forman parte de un problema más amplio. En México, la violencia política no se limita a los periodos electorales ni a los municipios donde se disputan cargos locales. También alcanza a quienes, después de ganar una elección, continúan con su actividad política en los territorios que representan.
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El asesinato de un funcionario o de un representante popular no solo interrumpe una función pública, sino que también afecta la representación política de una región y vuelve a poner sobre la mesa las condiciones de seguridad en las que candidatos, autoridades y legisladores desarrollan su actividad.
En el caso de Escobar, las respuestas todavía están en manos de las autoridades. La investigación deberá establecer qué ocurrió, quiénes fueron los responsables y cuál fue el móvil. Mientras eso sucede, su muerte se suma a los casos de violencia que han alcanzado a políticos mexicanos en los últimos años.
Y con ello vuelve a plantearse una pregunta que va más allá del caso de un diputado y alcanza al ejercicio de la política: ¿hasta dónde llega realmente la protección del Estado para quienes, después de ser elegidos por los ciudadanos, continúan ejerciendo su función en territorios marcados por la violencia?
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