EE.UU. habría retirado la visa a Ana Paty Peralta, alcaldesa de Cancún; ella lo niega y asegura que sus documentos están en orden

Ana Paty Peralta, alcaldesa con licencia de Benito Juárez, Quintana Roo, respondió a las versiones sobre la presunta revocación de su visa estadounidense y rechazó los señalamientos que la relacionan con desvío de recursos, huachicol fiscal y personas vinculadas con el Cártel de Sinaloa.

El caso generó atención este 1 de septiembre, luego de que se difundiera información sobre una presunta investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) y el supuesto retiro de visas estadounidenses a la funcionaria y a integrantes de su familia.

Hasta ahora, autoridades de Estados Unidos no han informado públicamente los motivos de una posible cancelación de documentos migratorios. En respuesta, la alcaldesa con licencia aseguró que la información difundida sobre ella y sus familiares es falsa y sostuvo que su documentación se encuentra en orden.

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¿Estados Unidos revocó la visa de Ana Paty Peralta?

De acuerdo con información publicada por El Financiero, autoridades de Estados Unidos habrían retirado las visas a Ana Patricia "Ana Paty" Peralta de la Peña, así como a su esposo, Lucio Galileo Lastra Abreu, y a su suegro, Lucio Galileo Lastra Escudero.

Sin embargo, hasta el momento no se han hecho públicas las razones específicas de esta presunta decisión. Tampoco existe información oficial que permita establecer que el posible retiro de los documentos migratorios esté relacionado directamente con las investigaciones que se desarrollan en México.

La versión fue rechazada por la funcionaria mediante una historia publicada en su cuenta de Instagram, en la que aseguró que los reportes sobre ella y su familia son falsos. "Lo publicado sobre mi persona y mi familia es falso. Mi documentación se encuentra en orden", escribió.

¿De qué acusan a Ana Paty Peralta?

La información difundida señala que la FGR tendría tres líneas de investigación: un presunto desvío de recursos públicos, supuestas operaciones vinculadas con huachicol fiscal y posibles contactos con personas relacionadas con el Cártel de Sinaloa.

Se trata de investigaciones y líneas ministeriales reportadas en medios. Los señalamientos no constituyen, por sí mismos, hechos acreditados mediante una sentencia ni significan que la funcionaria haya sido declarada responsable de algún delito.

• Presunto desvío de recursos públicos

Una de las líneas busca determinar si recursos públicos, personal o estructuras del municipio de Benito Juárez habrían sido utilizados para favorecer políticamente a Rafael Marín Mollinedo, exdirector de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y aspirante a la gubernatura de Quintana Roo.

Las autoridades pretenden establecer el origen y destino de los recursos bajo revisión, quién habría ordenado su utilización y si otros funcionarios participaron en la forma en que presuntamente fueron canalizados.

El caso cobra relevancia en el contexto político de Quintana Roo, donde distintos actores comienzan a posicionarse rumbo a las elecciones de 2027, cuando estará en juego la gubernatura del estado.

• Investigación por presunto huachicol fiscal

Otra de las líneas está relacionada con el posible contrabando de hidrocarburos, conocido como huachicol fiscal. Las autoridades federales buscan identificar cómo se realizaron estas operaciones, así como el origen y destino de los recursos involucrados.

Uno de los casos investigados involucra a la empresa Ingemar, S.A. de C.V., dentro de pesquisas sobre el ingreso irregular de hidrocarburos mediante ferrotanques. De acuerdo con la información difundida, la red bajo investigación habría introducido 163 ferrotanques con más de 18 millones de litros de hidrocarburos antes de ser detectada.

Las pesquisas también han revisado información relacionada con la administración de la Agencia Nacional de Aduanas durante el periodo en que Rafael Marín Mollinedo estuvo al frente. Sin embargo, que su nombre aparezca en el contexto de estas indagatorias no significa, por sí mismo, que esté imputado.

• Presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa

Una tercera línea mencionada en los reportes periodísticos apunta a posibles contactos o relaciones con personas vinculadas al Cártel de Sinaloa. Las autoridades buscan determinar la naturaleza y el alcance de esos posibles vínculos, identificar a las personas involucradas y establecer si existe alguna conexión con las otras pesquisas.

Hasta ahora, estos señalamientos forman parte de líneas de investigación. Corresponderá a las autoridades ministeriales determinar si existen elementos suficientes para avanzar hacia una posible judicialización o establecer responsabilidades.

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Ana Paty Peralta rechaza los señalamientos

Tras la difusión de los reportes, la alcaldesa con licencia negó públicamente las acusaciones y reiteró que la información sobre ella y su familia es falsa.

También afirmó que su documentación se encuentra en orden y señaló que no entraría en "especulaciones ni en polémicas innecesarias". En cambio, pidió privilegiar "la verdad, el respeto y la unidad".

Con ello, rechazó las versiones que la relacionan con presuntos actos de corrupción, desvío de recursos públicos, huachicol fiscal y posibles nexos con el Cártel de Sinaloa.

En su posicionamiento, defendió la legalidad de su actuación y sostuvo que la verdad terminará por prevalecer. Hasta el momento, la FGR no ha dado a conocer una postura pública que confirme oficialmente las investigaciones mencionadas en los reportes periodísticos.

¿Qué sigue en el caso?

Por ahora, la información disponible contempla los reportes sobre una presunta investigación federal y el posible retiro de visas en Estados Unidos, así como la postura de la funcionaria, quien niega los señalamientos y asegura que sus documentos están en regla.

Las autoridades estadounidenses no han informado públicamente las razones de una eventual cancelación de visas. En México, corresponderá a la FGR determinar si las líneas de investigación reportadas cuentan con elementos suficientes para establecer responsabilidades o avanzar en un proceso judicial.

El caso ocurre mientras la alcaldesa con licencia participa en el proceso interno de Morena rumbo a la definición de candidaturas para la elección de la gubernatura de Quintana Roo en 2027, un contexto que añade relevancia política a los señalamientos y a la respuesta de la funcionaria.

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