Revelan cómo operaba la red de García Luna y los Weinberg: 80 empresas y millones triangulados

El gobierno mexicano mantiene abierta la recuperación de recursos vinculados con la red financiera de Genaro García Luna y la familia Weinberg. Aunque hasta ahora se han recuperado alrededor de 5.8 millones de dólares, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) continúa rastreando propiedades y otros activos que podrían ser utilizados para reparar el daño al erario.

Durante la conferencia matutina de este viernes en Palacio Nacional, Omar Reyes Colmenares, titular de la UIF, informó que existen bienes de la familia Weinberg que ya fueron identificados y que podrían darse a conocer una vez que sea posible concretar su venta.

"Ya tenemos algunas identificadas que próximamente daremos a conocer cuando logremos que se puedan vender estas propiedades", afirmó el funcionario.

La investigación forma parte de las acciones emprendidas por el Estado mexicano para recuperar recursos relacionados con la red de empresas que operó alrededor de García Luna y los empresarios Mauricio Samuel Weinberg López y Jonathan Alexis Weinberg Pinto. De acuerdo con la información expuesta por las autoridades, el entramado involucró decenas de compañías y movimientos financieros en distintos países.

El dinero recuperado irá a escuelas de Guerrero

La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que los recursos que ya logró recuperar el gobierno tendrán un destino específico: fortalecer planteles de educación media superior y superior en la Montaña de Guerrero.

"Nuestro objetivo es que este recurso sea dedicado a escuelas en la Montaña de Guerrero", dijo la mandataria.

El monto disponible para este propósito ronda los 100 millones de pesos, cantidad relacionada con los 5.8 millones de dólares que el Estado mexicano ha conseguido recuperar hasta el momento.

La decisión busca que el dinero recuperado de operaciones consideradas perjudiciales para las finanzas públicas termine convertido en infraestructura y atención educativa en una de las regiones con mayores necesidades del país. Sin embargo, el gobierno todavía no establece una fecha para el inicio de las obras o acciones que serán financiadas con estos recursos.

Una red de contratos y dinero enviado al extranjero

El caso tiene como uno de sus principales componentes los contratos obtenidos por empresas relacionadas con la familia Weinberg durante distintos gobiernos. Entre 2009 y 2018, compañías vinculadas con este grupo consiguieron 30 contratos con instituciones como la extinta Policía Federal, el CISEN, el OADPRS y la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.

El valor conjunto de esos contratos superó los 727.9 millones de dólares y los 528 millones de pesos. De acuerdo con la información presentada en el caso, una parte importante de esos recursos terminó circulando por cuentas ubicadas fuera de México.

Barbados, Israel, Chipre, Estados Unidos, Panamá y otros países aparecen dentro de las rutas utilizadas para mover el dinero. Las autoridades también han identificado transferencias hacia México y operaciones que involucraron a decenas de empresas y personas físicas y morales.

En mayo de 2026, un tribunal de Florida estableció que integrantes del Grupo Weinberg y sus empresas debían pagar al Estado mexicano 578.5 millones de dólares por concepto de reparación del daño patrimonial. Ese monto se sumó a las sentencias relacionadas con García Luna y su esposa, que superan los 2 mil 448 millones de dólares.

Sin embargo, existe una diferencia importante entre los montos reconocidos judicialmente y el dinero que efectivamente ha regresado a las arcas públicas. Hasta ahora, México solo ha materializado la recuperación de 5.8 millones de dólares.

Por ello, la UIF mantiene el seguimiento de los procesos para hacer efectivos los pagos pendientes y localizar nuevos activos susceptibles de ser asegurados, extinguidos y posteriormente vendidos.

El gobierno también enfrenta un escenario judicial más amplio luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolviera este mes que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana puede defender mediante un amparo los recursos públicos afectados por este tipo de operaciones.

La resolución abre nuevamente la discusión sobre la responsabilidad de 16 exservidores públicos relacionados con contratos penitenciarios celebrados entre 2010 y 2011, cuyo daño estimado supera los 5 mil millones de pesos.

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