- 16 de agosto de 2026
El expediente contra el líder del PRI podría volver a San Lázaro con nuevas pruebas de Campeche y las detenciones de exfuncionarios vinculados con su administración

Alejandro "Alito" Moreno podría enfrentar en septiembre uno de los momentos más polémicos de su carrera política. El proceso de desafuero que permanece abierto en la Cámara de Diputados podría reactivarse con nuevas pruebas enviadas desde Campeche, mientras Morena perfila cambios en la Sección Instructora que podrían acelerar la revisión del expediente.
El dirigente nacional del PRI y actual senador es señalado en una investigación relacionada con un presunto desvío de 83 millones 508 mil pesos durante su gestión como gobernador de Campeche, entre 2015 y 2019.
El procedimiento lleva más de un año en San Lázaro, integrantes de la Cámara de Diputados han insistido en que el expediente continúa vigente y que los nuevos elementos enviados por las autoridades campechanas deberán ser analizados.
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¿Por qué quieren desaforar a Alito Moreno?
La historia comenzó el 23 de julio de 2025, cuando la Fiscalía Anticorrupción de Campeche presentó ante la Cámara de Diputados una solicitud de juicio de procedencia contra Moreno.
Las acusaciones están relacionadas con posibles delitos de peculado, uso indebido de atribuciones y facultades, así como usurpación de funciones y extralimitación de facultades.
La investigación supera los 83 millones de pesos, aunque el procedimiento legislativo deberá determinar si existen elementos suficientes para retirar el fuero y permitir que las autoridades judiciales continúen con el proceso correspondiente.
Este expediente es independiente de una investigación que la Fiscalía General de la República inició en 2022 por presuntos delitos de tráfico de influencias, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, asunto que posteriormente fue declarado sin materia.

El caso bajo los reflectores
El presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, Hugo Éric Flores, ha señalado que el caso no está cerrado.
De acuerdo con su explicación, durante los últimos meses la Fiscalía de Campeche ha enviado nuevos documentos y elementos relacionados con la investigación. Entre ellos destacan las detenciones de personas vinculadas con la administración de Moreno.
Uno de los casos corresponde a Luis Antonio Espinosa Campos, señalado como presunto contador de uno de los hermanos del dirigente priista y relacionado con un supuesto desvío de recursos.
También fue detenido Carlos Alberto Medina Hernández, exdirector de Comunicación Social durante el gobierno de Moreno en Campeche, a quien se investiga por una presunta malversación de 36 millones de pesos.
Cambio en la Sección Instructora
El panorama podría modificarse todavía más con la salida de Hugo Éric Flores de la presidencia de la Sección Instructora, después de asumir la dirigencia de su nuevo partido, PAZ.
Dentro de Morena existen críticas sobre la velocidad con la que se ha procesado el expediente contra Moreno.
En este contexto, Sergio Gutiérrez Luna aparece como uno de los perfiles que podría ocupar la presidencia del órgano legislativo. El cambio se prevé para finales de agosto, justo antes del comienzo del nuevo periodo ordinario.
El movimiento podría resultar clave para definir el ritmo que tendrá el procedimiento durante los próximos meses.
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Morena asegura que el caso sigue "vivo"
El coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, ha sostenido que el procedimiento permanece vigente, incluso después de que Moreno obtuvo una resolución favorable en una etapa previa mediante un recurso legal.
Desde Morena han insistido en que dicha resolución no elimina las acusaciones ni las investigaciones relacionadas con el presunto desvío.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que, cuando existen casos de corrupción, debe recuperarse el dinero público y corresponde a las autoridades definir la ruta jurídica.
La Sección Instructora busca reunirse con funcionarios de Campeche para recibir formalmente las nuevas pruebas.
Después, el 1 de septiembre, cuando comience el periodo ordinario de sesiones, el caso podría regresar a la agenda de la Cámara de Diputados. La presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, tampoco ha descartado que el procedimiento sea retomado.
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