ZINACANTEPEC
Madre secuestra a su hija y la encierra en un anexo: recibe condena de 90 años en Edomex
Martha y Salvador fueron declarados culpables de privar de la libertad a una mujer en Zinacantepec y mantenerla retenida en un inmueble utilizado como centro de rehabilitación.
Una salida aparentemente cotidiana terminó en un secuestro que llevó a una madre y a su cómplice a enfrentar una de las condenas más severas. Martha Ramírez Sánchez y Salvador Huerta Castro fueron sentenciados a 90 años de prisión cada uno por la privación ilegal de la libertad de una mujer en Zinacantepec, Estado de México, quien posteriormente fue localizada dentro de un inmueble habilitado como centro de rehabilitación.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que ambos fueron encontrados responsables del delito de secuestro luego de que durante el proceso judicial se presentaran elementos de prueba obtenidos mediante labores de investigación de campo y gabinete.
Además de la pena de prisión, el juez con residencia en Almoloya de Juárez determinó la suspensión de sus derechos civiles y políticos.
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Así ocurrió el secuestro en Zinacantepec
Los hechos ocurrieron en junio de 2025, cuando la víctima salió de su domicilio para dirigirse a una tienda cercana.
Mientras se encontraba en la vía pública fue interceptada por los ahora sentenciados. De acuerdo con las investigaciones de la fiscalía mexiquense, ambos la sometieron utilizando violencia física y posteriormente la obligaron a subir a un vehículo.
La mujer fue trasladada contra su voluntad hasta un inmueble que operaba como centro de rehabilitación en Zinacantepec, donde permaneció privada de su libertad.
Según la FGJEM, Martha Ramírez Sánchez habría planeado el traslado con la intención de internar a su propia hija en ese lugar. No obstante, la fiscalía precisó que el vínculo familiar y las circunstancias que rodearon esa decisión no forman parte de los términos específicos de la sentencia citada.
La investigación permitió localizar a la víctima
Después de que la mujer fue privada de su libertad, la FGJEM inició las investigaciones correspondientes para establecer su paradero.
Los agentes utilizaron distintas técnicas de investigación y análisis de información que permitieron ubicar el inmueble donde se encontraba retenida.
Una vez localizada y liberada, la víctima presentó una denuncia formal y señaló a Ramírez Sánchez y Huerta Castro como las personas que participaron en su privación de la libertad.
Con esa declaración y los demás datos de prueba reunidos durante las investigaciones, el Ministerio Público solicitó a un juez las órdenes de aprehensión contra ambos sospechosos.
Las órdenes fueron concedidas y los acusados fueron detenidos e ingresados a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social, donde permanecieron mientras se desarrollaba el proceso judicial.
Juez dicta 90 años de prisión
Durante el juicio, la Fiscalía mexiquense presentó las pruebas con las que buscó demostrar la participación de los dos acusados en el secuestro.
Tras analizar los elementos aportados, el juez determinó que existían pruebas suficientes para acreditar su responsabilidad penal.
La resolución estableció una pena de 90 años de cárcel para cada uno, además de la suspensión de sus derechos civiles y políticos. Con ello, el caso concluyó judicialmente con una de las sanciones más altas previstas para este tipo de delitos.
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El inmueble era utilizado como centro de rehabilitación
Uno de los elementos que llamó la atención del caso es el sitio donde fue localizada la víctima. El inmueble estaba habilitado como un centro de rehabilitación.
La FGJEM no informó si el establecimiento contaba con permisos o autorizaciones para operar, ni precisó si existieron otras personas relacionadas con su funcionamiento.
Tampoco se detalló si el inmueble continúa funcionando después de las detenciones.
Sin embargo, el caso forma parte de un problema más amplio que las autoridades mexiquenses han identificado alrededor de los llamados anexos o centros de rehabilitación irregulares.
De acuerdo con información de la propia fiscalía, entre julio de 2025 y el 22 de marzo de 2026 fueron abiertas 152 carpetas de investigación relacionadas con centros de rehabilitación irregulares en el Estado de México. Las investigaciones incluyen delitos como homicidio, secuestro, desaparición y trata de personas.
La institución ha señalado que algunos establecimientos operaban sin los permisos correspondientes o sin personal certificado y que, en determinados casos, familiares denunciaron cobros excesivos y condiciones de violencia física y psicológica.
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