24 cosas que debes saber del gasoducto Guaymas-El Oro

Este lunes se dio a conocer que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y IEnova firmaron un convenio de Suspensión de Plazos para el gasoducto Guaymas-El Oro.

Con el acuerdo se evitó la terminación anticipada del contrato y se estableció un periodo de cuatro meses para que las partes lleven a cabo las acciones necesarias para reanudar la operación de la obra.

Esto es lo que tienes que saber sobre el proyecto:

El proyecto Guaymas- El Oro forma parte de la red de gasoductos promovidos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto para los que se estimó una inversión de 12 mil millones de dólares.

La red se creó con la intención de importar gas natural, lo que bajaría los costos y permitiría una generación de energía más limpia para la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Este tramo fue pensado para transportar gas natural hacia la región noroeste de México y así abastecer a las plantas Topolobampo y Guaymas de CFE.

Es uno de los dos segmentos que conforman el Gasoducto Sonora (el otro es Sásabe-Guaymas), ambos fueron adjudicados a Gasoducto de Aguaprieta mediante una licitación.

Gasoducto de Aguaprieta es una filial de IEnova, empresa presidida por Carlos Ruiz Sacristán, quien fuera secretario de Comunicaciones y Transportes durante el sexenio de Ernesto Zedillo.

Es uno de los siete gasoductos cuyos contratos fueron calificados como ‘leoninos’ por el presidente Andrés Manuel López Obrador y el director general de la CFE, Manuel Bartlett.

“Siete ductos por los que hay que estar pagando; ductos para gas que no tienen una planta para generar, sino que se dio el contrato, se obligó a la Comisión Federal de Electricidad (…) a contratar la compra de energía eléctrica a empresas particulares y a pagar si se presentaban problemas a las empresas particulares, como si se estuviese recibiendo el gas, por eso hablamos de contratos leoninos”, señaló AMLO el pasado febrero durante su conferencia matutina.

En junio, la CFE emprendió acciones legales contra las empresas detrás de los ductos, entre ellas IEnova, para revisar los contratos, particularmente lo correspondiente a las cláusulas de Caso Fortuito Fuerza Mayor (CFFM).

Esas disposiciones establecen que la CFE debe pagar al contratista si los proyectos se detienen por razones como catástrofes naturales, guerras, huelgas no relacionadas con la empresa o la imposibilidad de obtener permisos de autoridades gubernamentales “a pesar de sus mejores esfuerzos”.

Un mes después se estableció una mesa de negociación integrada por representantes de las empresas, la CFE y el gobierno federal para revisar los contratos y buscar soluciones.

El 19 de julio, IEnova informó que la CFE solicitó un arbitraje sobre este gasoducto y reclamó un reembolso de 842 millones de dólares.

Inicialmente, el contrato estipulaba que el gasoducto comenzaría a transportar gas el 1 de agosto de 2016, pero diversos sucesos llevaron a aplazar la fecha con la firma de convenios modificatorios, a algunos de los cuales tuvo acceso Quinto Poder.

Uno de ellos, firmado el 10 de agosto de 2016, detalla que debido a una serie de demoras por parte de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) para evaluar y resolver solicitudes en el cambio de uso de suelo de terrenos forestales provocaron 183 días de retraso en el calendario de la obra.

Por ello, la fecha de arranque de operaciones se movió al 31 de enero de 2017, además de que las causas constituyeron un Caso Fortuito y Fuerza Mayor, y el retraso obligó a la CFE a cubrir el monto del Cargo Fijo por Capacidad a partir de la fecha en que se programó el inicio de transporte del gas por el ducto.

Pero cuando llegó el 31 de enero no comenzó a transportarse gas, sino que se firmó otro convenio modificatorio, esta vez por el conflicto con la comunidad yaqui, que impidió la construcción de la obra entre febrero y diciembre de 2016.

En el contrato se detalla que los bloqueos provocaron un retraso de 86 días en el calendario, con lo que el inicio de operaciones se pospuso al 27 de abril de 2017.

 Las causas también constituyeron un Caso Fortuito y Fuerza Mayor, y obligaron a la CFE a cubrir el monto del Cargo Fijo por Capacidad a partir de la fecha programada para iniciar operaciones.

La obra finalmente comenzó a funcionar en mayo de 2017, pero tres meses después fue saboteada por la comunidad yaqui de Loma de Bácum, Sonora, que desenterró parte del ducto.

 

Debido al sabotaje, el gasoducto quedó fuera de operación desde agosto de 2017, aunque después de dos años parece que el conflicto que ha mantenido parada la obra podría resolverse.

El pasado 11 de julio un juez negó el juicio de amparo que promovió la comunidad de Loma de Bácum, al considerar que la compañía llevó a cabo suficientes actividades de consulta y alcanzó el consenso necesario para desarrollar el proyecto.

El 25 de julio, durante una llamada con inversionistas tras presentar resultados financieros trimestrales, IEnova indicó que en caso de que la comunidad yaqui no presente un recurso de apelación, la compañía tendría un nuevo diálogo con ellos y podría reanudar la obra.

“Nos reuniríamos nuevamente con la comunidad yaqui para asegurarnos de atender sus inquietudes. La construcción en sí misma no debe tomar más de un mes, pero en cualquier caso necesitamos asegurarnos de atender sus inquietudes”, dijo Tania Ortiz, directora general de IEnova.

El pasado 29 de julio el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, se reunió con autoridades de siete pueblos yaqui en Sonora, divididos por la obra, para abrir la puerta al diálogo con el gobierno federal.

De diciembre de 2016 a junio de este año, la CFE ha pagado 2 mil 674 millones 673 mil 198 pesos a IEnova por el concepto de CFFM, según documentos a los que tuvo acceso Quinto Poder.

Consigue más noticias en tu e-mail

Inscribirse al newsletter para recibir noticias en tu correo.