#Vergüenza: El caso de injusticia que retrata la ineficacia de la PGR


¿Más vale tarde que nunca?

Parece que eso pasó con la PGR este martes, cuando, después de 11 años dijo ‘usted disculpe’ a tres mujeres indígenas Hñäñú acusadas falsamente de haber secuestrado a seis agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI) en marzo de 2006.

El procurador Raúl Cervantes reconoció la inocencia de Jacinta Francisco, Alberta Alcántara y Teresa González, después de que, en 2013, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ordenó a la PGR disculparse públicamente, y a pesar de los intentos legales de la dependencia para evitarlo, finalmente en 2016 un Tribunal Colegiado desechó esos recursos.

“Reconozco públicamente su inocencia respecto a los delitos que se les atribuyeron y por lo que de forma injusta fueron privadas de su libertad”, dijo al disculparse con Teresa y Alberta.

Durante la ceremonia realizada en el Museo Nacional de Antropología e Historia, Alberta Alcántara dijo que la disculpa no le devuelve el tiempo perdido, y contó que durante el tiempo que estuvo encarcelada fue víctima de abusos por parte de sus compañeras y de las carceleras, por el hecho de ser indígena y pobre.

Mientras que Jacinta, quien recibió una disculpa aparte, dijo que estará contenta cuando los indígenas sean respetados y las injusticias terminen.

La injusta historia de las tres indígenas comenzó en marzo de 2006, cuando un grupo de policías llegó al tianguis de Santiago Mexquititlán, en Querétaro -en donde ellas trabajaban-, para realizar un operativo en el que iban a decomisar supuesta piratería… pero el asunto se puso violento y los elementos ocasionaron destrozos.

Los comerciantes exigieron el pago de sus productos por lo que retuvieron a dos uniformados mientras otros iban por dinero para pagarlos. Después fueron liberados.

Cinco meses después, Jacinta, Alberta y Teresa fueron detenidas y llevadas ante el Ministerio Público acusadas de secuestro.

La única supuesta prueba que tenían en su contra era una foto del operativo en la que sale Jacinta, la cual fue difundida por un medio local.

Pasaron más de dos años recluidas en el Centro de Readaptación social Femenil de San José el Alto hasta que las falsas acusaciones y la pruebas fabricadas rindieron frutos y fueron condenadas a 21 años de cárcel, además de que debían pagar dos mil días de multa.

Alberta, además del cargo de secuestro, también fue acusada de posesión de cocaína.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez se encargó de la defensa de Jacinta después de detectar que durante el proceso no contó con un traductor o intérprete, a pesar de que no hablaba español.

En septiembre de 2009, Jacinta salió libre ya que la PGR desistió de la acusación.

Mientras que Alberta y Teresa salieron en abril de 2010 debido a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revocó la sentencia.

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