Los abogados a los que CFE de Peña pagó millonada para litigar arbitraje por ducto


El gasoducto Ramal-Tula se encuentra en arbitraje en la Corte de Arbitraje Internacional, con sede en Londres, Inglaterra, y está en obra negra, pero le cuesta dinero a la Hacienda Pública cada día que pasa sin que tenga una solución definitiva.

El contrato SE-DM-RATU-002-2014 para el transporte de gas natural entre la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Atco Pipelines S.A. de C.V. fue firmado el 13 de octubre de 2014.

Quinto Poder ha informado sobre la situación de la subutilizada red de gasoductos en la investigación #DesfalcoProfundo, desde marzo pasado.

Es de los pocos convenios que cuentan con la firma de Guillermo Turrent Schnaas -como se muestra en el siguiente documento-, quien aparece en el mismo como “responsable del proceso de licitación”, entonces en su calidad de Director de Modernización, previo a su nombramiento como titular de CFE Energía y CFE Internacional, según los documentos a los que Quinto Poder tuvo acceso.

Este medio intentó establecer contacto telefónico con el exfuncionario pero no tuvo éxito.

Como ya se señaló, la responsabilidad de dicha obra era de la empresa Atco, que en su página de internet se identifica como “un corporativo global de origen canadiense” que “ha crecido hasta formar un grupo mundial de empresas y representar una verdadera historia de éxito dando servicio en Estructuras y Logísticas, Electricidad, Ductos y Líquidos y soluciones de tratamiento de agua industrial”.

“Llegamos a México con la apertura de nuestras oficinas en agosto del 2014 para aprovechar las oportunidades de (sic) nuevo mercado energético con un plan de crecimiento a largo plazo”, señalan en su sitio web.

Atco debía construir el gasoducto El Ramal-Tula, que transportaría gas natural, según información de Proyectos México -dependiente de Banobras-, del sistema Cempoala-Santa Ana a la central de generación de Tula, en Hidalgo.

Contemplaba un tubo de 17 kilómetros de largo y 30 pulgadas de diámetro, con capacidad para transportar 505 millones de pies cúbicos diarios. La inversión ascendía a 65.6 millones de dólares, que equivalen a mil 248 millones de pesos, a un tipo de cambio de 19 pesos.

Inconformes con la rescisión del contrato, Atco entró en pleito legal con la CFE, que a su vez, contrató al despacho Curtis Mallet-Prevost Colt & Mosle, S.C. para el “SERVICIO DE APOYO JURÍDICO EN ARBITRAJE”.

Fuentes consultadas por este medio señalan que la CFE ya ha erogado unas 60 mil libras esterlinas por el Arbitraje en Londres, Inglaterra.

La CFE promovió la rescisión del contrato cuando, según las mismas fuentes, Atco ya planeaba demandar argumentando la terminación del convenio. La obra siempre se vio afectada por problemas sociales, sobre todo relacionados con el tramo por el que pasaba el ducto, que según ejidatarios de Hidalgo, mermaban sus tierras, por lo que promovían juicios, según las mismas fuentes, “inducidos” por la misma empresa. De esa manera, explicaron, Atco quería suspender la obra y cobrar las multas correspondientes.

Atco debió realizar estudios de prefactibilidad para que esos problemas sociales no ocurrieran.

Quinto Poder busco una versión de Atco México y esta fue la respuesta institucional recibida:

“Gracias por su interés en la industria de los gasoductos y nuestra compañía, sin embargo, los asuntos relacionados al contrato celebrado entre ATCO México y la CFE son confidenciales, y ATCO no tiene permitido revelar información al respecto. Por nuestra parte, continuaremos trabajando con las comunidades en México para ayudar al país a alcanzar su potencial de energía limpia”.

El contrato de servicios 800850176, del cual Quinto Poder posee copia, establece que al despacho de abogados le pagarían 2 millones ochenta y ocho mil dólares por dicho servicio.

El contrato signado entre la CFE y Curtis Mallet detalle 13 obligaciones a las que se compromete a responder el despacho de abogados, entre ellas las siguientes:

“-Fase de Contestación a la Solicitud de Arbitraje: Apoyo y asistencia jurídica para el estudio tanto del expediente como del material probatorio del caso; asimismo, asistencia para el desarrollo de la estrategia jurídica para plantear la defensa de CFE y el nombramiento del co-árbitro de esta Empresa Productiva del Estado”. 

“-Fase de constitución del Tribunal Arbitral # Apoyo y asistencia jurídica en el procedimiento de constitución del Tribunal Arbitral ante London Court International Arbitration”, señala el contrato, amparado por la Dirección Corporativa de Operaciones. 

En el apartado de “otros”, especifican “cualquier otra diligencia, juicio, recurso o medio de defensa legal que deba llevarse a cabo, no contemplada en el Calendario Procesal y que convenga a los intereses de la Comisión Federal de Electricidad, a manera enunciativa y no limitativa, recusaciones de árbitros, solicitud de prórrogas, emisión de Órdenes Procesales, dictado de laudos parciales, medidas cautelares, procedimientos judiciales contra la validez del laudo, etc.”, se señala.

El contrato fue avalado por Eloy Barbará de Parres, representante legal de la CFE, pero en el documento queda claro que el representante de la Comisión en el mismo es Eduardo Arriola Jiménez, como subdirector de Negocios No Regulados de la empresa. El convenio fue firmado el 11 de abril de 2018.

Según fuentes consultadas por este medio en la Comisión, el fallo del arbitraje podría llegar en noviembre próximo, y todo indica que el litigio promovido contra la CFE, entonces bajo la administración de Enrique Peña Nieto, será perdido por la CFE que encabeza ahora Manuel Bartlett, en la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador.

De igual manera, Quinto Poder solicitó a la CFE una postura oficial sobre el estatus del arbitraje y los pagos realizados, pero tampoco obtuvo respuesta.

Actualmente, los arbitrajes que enfrenta la Comisión Federal de Electricidad con las empresas prestadoras de servicios involucradas en la red de gasoductos, son representados por el abogado de la CFE, Raúl Armando Jiménez Vázquez, acompañado por Rafael Serrano Figueroa, director de suministro básico.

Hasta donde ha podido investigar Quinto Poder, y a partir de lo manifestado por Manuel Bartlett, la actual administración de la CFE no ha recurrido a despacho externo alguno para afrontar los arbitrajes con las empresas TransCanada (TC Energy), IEnova, Carso, FERMACA, Gasoducto del Río, Gas Natural del Noroeste o Elecnor.

En días recientes, el presidente López Obrador ha señalado que está cercano un acuerdo con dichas empresas, en lo relativo a la problemática de los gasoductos, que se estima tiene un valor total de 80 mil millones de dólares, aproximadamente 1 billón 500 mil millones de pesos.

Quinto Poder ha informado que tan sólo por los pagos relacionados con la cláusula de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, el gobierno anterior y el actual, ya han pagado a las empresas privadas más de 22 mil millones de pesos, prácticamente el triple de lo que se estima es el daño patrimonial de la llamada Estafa Maestra.

En la mesa de negociación establecida entre el gobierno federal y las empresas, se dirimen las cláusulas de Caso Fortuito o Fuerza Mayor y Cargo Fijo, que corresponde a la tarifa que se cobrará por el transporte del gas natural en la subutilizada red de gasoductos.

El diario The Wall Street Journal publicó este domingo que un acuerdo está cercano, e incluso señaló que Carlos Slim, cuya filial Carso Gasoductos, está involucrada en la problemática, ha intervenido en las negociaciones.

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