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La cláusula que hizo a IEnova y Slim desplomarse por su disputa con la CFE

Por: GuillermoCruz
Jul. 01

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Una cláusula es el motivo de la disputa entre la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y varias empresas contratadas por la administración de Enrique Peña Nieto, bajo la gestión de Enrique Ochoa Reza, entonces titular de la Comisión, y Guillermo Turrent, exmandamás de CFE Energía y CFE Internacional, para la construcción de gasoductos en México.

Particularmente se han dicho afectadas la empresa Infraestructura Marina del Golfo, integrada por TransCanada (TC Energy) y IEnova, y Carso Gasoductos, propiedad de Carlos Slim, ambas con registros de caídas en la Bolsa Mexicana de Valores en los días recientes.

Todo está relacionado con la cláusula 22 relacionada con los Casos Fortuitos y Fuerza Mayor.

¿Qué es eso?

Caso Fortuito y Fuerza Mayor es, según los contratos de los que este medio posee copia:

“Todo acto o evento que imposibilite a la Parte afectada (empresa) cumplir con sus obligaciones de conformidad con el presente Contrato, siempre y cuando dicho acto o evento esté fuera del control razonable de la Parte afectada; no sea resultado de alguna falta o negligencia de la Parte afectada, y no pudiese ser evitado por la Parte que lo sufra, mediante el ejercicio de la debida diligencia habida cuenta, entre otros, de los beneficios de los seguros disponibles para el Transportista, incluyendo, sin limitación, el gasto de toda suma de dinero razonable conforme a las Prácticas Prudentes de la Industria”. 

O dicho de otra manera, si las empresas se encuentran con problemas de distintas índoles para realizar las obras a las que están obligadas por contrato, entonces pueden ampararse en dicha figura para que la CFE les siga pagando, aunque se vean imposibilitadas para continuar con la construcción de los gasoductos, validar que los han terminado o distribuir gas natural a través de ellos.

La cláusula no es ilegal o inmoral, de hecho, está contemplada en innumerables contratos de condiciones similares en distintos países, lo que presuntamente cuestiona la CFE es el uso que se ha hecho de ella en México, y cómo se puso en práctica la misma en los convenios suscritos durante la gestión de Enrique Ochoa Reza y Guillermo Turrent.

Aquí enlistamos, según esos mismos contratos, las causales que aplican para que pueda ejercerse esa cláusula de Caso Fortuito y Fuerza Mayor:

1.- Catástrofes naturales entendidas por desgracias de causa natural que escapan al control humano, tales como tormentas, inundaciones, rayos y terremotos.

2.- Guerras, disturbios civiles, revueltas, actos de terrorismo, bloqueos, motines, insurrecciones, sabotaje.

3.- Desastres de transportación, ya sean marítimos, ferroviarios, terrestres o aéreos.

4.- Huelgas u otras disputas laborales en México que no sean motivadas por el incumplimiento de algún contrato laboral por la Parte afectada (empresa).

5.- Actos u omisiones de una Autoridad Gubernamental que no hayan sido inducidos voluntariamente o promovidos por la Parte afectada ni sobrevenga como consecuencia de algún incumplimiento de sus obligaciones.

6.- Incendios.

7.- La imposibilidad de la Parte afectada a obtener, a pesar de sus mejores esfuerzos, cualquier Autorización Gubernamental necesaria para permitir a dicha Parte cumplir con sus obligaciones de conformidad con el presente contrato, entendiéndose por mejores esfuerzos solo para este caso:

A) presentar en tiempo y forma la solicitud para la autorización

B) solicitar a través de la Mesa de Control, el apoyo de la CFE

C) acreditar que ejercitó los recursos administrativos y jurisdiccionales correspondientes

8.- La falta por parte de cualquier Contratista de proporcionar servicios o materiales imprescindibles para la construcción o reparación del Sistema de Transporte de GN (Gas Natural), siempre que dicha falta se deba, a su vez, a un evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor en los términos de este contrato y,

9.- Los cambios en la Ruta y el desplazamiento en el Calendario por hallazgos arqueológicos señalados en la cláusula 6.2 del presente Contrato.

La CFE, según proyecciones financieras hechas públicas por Quinto Poder en marzo pasado, proyecta costos financieros de hasta 846 mil millones de pesos por una red de gasoductos que tendrá que ser pagada hasta el año 2043, pero que funciona a menos de un 10% de su capacidad. Oscila entre el 8 y el 10%. No más.

Dicha información fue publicada en las primeras dos entregas del reportaje #DesfalcoProfundo, del cual el mismo presidente López Obrador está enterado, y quien en repetidas ocasiones ha señalado que los contratos que hicieron posible dicho sistema de transporte de gas son “leoninos”, por lo que su administración buscaría renegociarlos, e incluso manifestó que el exdirector de la CFE y ahora legislador, Enrique Ochoa, por lo menos había sido “omiso” tras avalar dichas acciones.

Dos empresas, como ya se mencionó, ya empiezan a resentir las consecuencias de dichas renegociaciones: la primera es Infraestructura Marina del Golfo S. de R.L. de C.V., integrada por TransCanada (TC Energy) y IEnova.

 

Esa empresa, según el contrato SE-DM-STTX-005-2016, firmado el 17 de junio de 2016, como se observa en la carátula del convenio, se comprometió con la CFE a abastecer de 2 mil 600 millones pies cúbicos por día de gas natural. La obra debió ser concluida en octubre pasado, se pospuso para abril y finalmente, anunciaron la terminación de la misma el pasado 11 de junio.

“El proyecto representa aproximadamente $2,500 millones de dólares en inversión en infraestructura para proveer el gas natural requerido por plantas generadoras de energía eléctrica, clientes industriales y centros urbanos para incrementar el desarrollo económico en el país, en línea con los objetivos del Gobierno de México”, señalaron las dos empresas en su comunicado conjunto, sin aclarar a qué gobierno se refieren, si al actual o al anterior.

Pero para que el gasoducto funcione se necesitan dos cosas:

1.- Certificado de terminación de obra. No lo tienen.

2.- Certificado de operación comercial. Tampoco lo tienen.

La CFE no ha dicho por qué no lo concedió. Pero por algo no será.

En cambio, la Comisión recurrió a una figura denominada “Arbitraje”, de carácter internacional, lo que implica acciones legales por parte de la CFE contra la empresa conformada por la canadiense TransCanada y IEnova.

Eso impactó de inmediato en las acciones de IEnova, que sufrió una caída en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), primero de más del 6% y después hasta del 9%.

El embajador de Canadá en México, salió en defensa de la empresa canadiense, a través de Twitter:

López Obrador le respondió un día después diciendo que era normal, pero sostuvo su postura de que los contratos son “leoninos”.

El gasoducto en el que está implicado Carso, de Carlos Slim, es el Samalayuca-Sásabe, firmado el 23 de septiembre de 2015, bajo el convenio SE-DM-SAMSA-003-2015, que se comprometió a transportar 472 millones de pies cúbicos día. Ese gasoducto tampoco cuenta con Certificado de Terminación de Obra ni Certificado de Operación Comercial. Las acciones de Carso cayeron 2.59%.

CFEnergía es el ente que emite o no los dictámenes para conceder los Casos Fortuitos o de Fuerza Mayor en beneficio de los prestadores de servicio.

Uno de los organismos responsables de autorizar o negar los permisos gubernamentales —en la mayoría de los casos para que los concesionarios pudieran dar cauce expedito a las obras— es la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), dependiente de la Semarnat.

Dicha Agencia, fue particularmente “culpada”, según las fuentes consultadas entonces, tanto por los permisionarios y CFEnergía como la responsable de no destrabar la documentación necesaria para agilizar las obras que hoy están paradas o suspendidas.

Pero fuentes de la CFE señalaron a Quinto Poder que al menos entre 2016 y 2018, funcionarios de la ASEA señalaron que la documentación facilitada por las empresas estaba sospechosamente mal elaborada, mal presentada o incompleta, lo que dejaba a dicho organismo atado de manos, facilitando, en consecuencia, que CFEnergía, la empresa entonces a cargo de Guillermo Turrent, emitiera a diestra y siniestra los Casos Fortuitos o de Fuerza Mayor que considerara convenientes a las empresas que así lo demandaran.

A febrero de 2019, la CFE había pagado por concepto de Casos Fortuitos o de Fuerza Mayor por la subutilizada red de gasoductos al menos 21 mil millones de pesos.

A pesar de las inconsistencias en los contratos y la transparencia al documentar los Casos Fortuitos y Fuerza Mayor, la calificadora Moody’s salió en defensa de Infraestructura Marina del Golfo y Carso.

“Pese a que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) establece explícitamente que se respetarán estos tipos de contratos, el inicio de la CFE a esta disputa legal es significativamente negativa en términos crediticios para el sector energético porque socava la confianza del mercado y de los inversionistas”, señaló.

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