Por Verónica Ayala

Pese a la creciente violencia en México, los estados han relegado la inversión en su capital humano, sus policías, y han priorizado el gasto de seguridad para equipamiento e infraestructura.

De acuerdo con un análisis del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), que para el 2020 contempla una bolsa de 9 mil 607 millones de pesos -el 77.4 por ciento de aportación federal y el 22.6 por ciento estatal-, las entidades destinarán este año cero recursos al rubro de dignificación policial, que forma parte del Modelo Nacional de Policía.

¿Y a qué se refiere este concepto? La dignificación policial abarca desde apoyos a liquidaciones de los elementos y la reestructuración y homologación de sus salarios, hasta el garantizar que cuenten con seguro de gastos médicos mayores y menores, atención médica, seguro de vida, fondos de ahorro y de retiro, becas y apoyos educativos para sus hijos, gastos funerarios y apoyos para sus familias en caso de fallecer en funciones, apoyos para vivienda y vales de despensa.

En contraste, casi la mitad de lo presupuestado con este fondo federal de seguridad para las entidades federativas va hacia el programa de Equipamiento e Infraestructura, para el que se destinarán 4 mil 470.6 millones de pesos, es decir, el 46.5 por ciento de la bolsa.

Mientras que para el Sistema Nacional, que incluye videovigilancia y radiocomunicación, se contemplan 2 mil 350.7 millones -el 24.4 por ciento de la bolsa-, para Profesionalización, Certificación y Capacitación, que incluye pruebas de control de confianza, hay mil 306.7 millones, aunque de este último rubro podrían destinar recursos a la emergencia sanitaria por el Covid-19.

La nula inversión en dignificación policial con este fondo que incluye a todas las entidades se da pese a que la reforma constitucional para la creación de la Guardia Nacional establece que estados y municipios deben invertir en el fortalecimiento de sus policías y en mejorar las capacidades policiales.

Y mientras tanto la violencia sigue en aumento. Las víctimas de homicidio doloso han ido creciendo constantemente en los últimos años y prácticamente se duplicaron del 2015 al 2019, al pasar de 17 mil 886 a 34 mil 608. Este año, tan solo en los primeros cinco meses, sumaban ya 14 mil 631 personas asesinadas.

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LA MUESTRA

Mientras que ninguna de las entidades de México destina recursos del FASP al rubro de dignificación policial, algunas gastarán este año más de la mitad de los recursos en el programa de equipamiento e infraestructura.

Tal es el caso de la Ciudad de México, donde el 72.7 por ciento de los 574.1 millones de pesos del fondo, es decir, 417.7 millones, se destinarán a ese ramo, de acuerdo con la programación del gasto.

En Jalisco, casi el 70 por ciento de los 377.5 millones de pesos de la bolsa -252.6 millones- irán a equipamiento e infraestructura.

Chihuahua es otro de los estados que más destina del FASP a dicho programa, principalmente orientado a equipar y dotar de infraestructura a sus instituciones, con 232.7 millones de pesos, que representan el 63 por ciento de los 368.7 millones del fondo.

¿Y LOS MUNICIPIOS?

A diferencia de los estados, los municipios del País sí invertirán en la dignificación de sus policías.

De 4 mil 706 millones de pesos del Subsidio para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública (Fortaseg), de los cuales el 83.8 por ciento es aportación federal y el 16.7 por ciento de los 286 municipios que lo reciben, 802.3 millones de pesos -el 17 por ciento- se destinarán a dicho rubro.

Mayra Hernández, especialista en gasto público en materia de seguridad, cuestionó el incumplimiento particularmente por parte de las entidades federativas en cuanto a invertir en mejorar las condiciones de sus elementos policiales y cuestionó que se priorice el gasto en “fierros”, es decir, el destinado a la compra de equipamiento e infraestructura.

“Hay un deber constitucional para estados y municipios basado en la corresponsabilidad financiera que obliga a que se invierta más en el fortalecimiento de las capacidades policiales, priorizando el gasto público en mejores condiciones para los policías antes de los fierros”, manifestó.

“Debemos pasar del discurso político y reflejar la voluntad política en mejores condiciones para los policías, empezando porque tengan acceso a la vivienda, becas para sus hijos y seguro de vida que permita dejar un sustento a sus familias si llegaran a morir en el cumplimiento de su deber”.

EL DÉFICIT

De acuerdo con un diagnóstico del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), México tiene un déficit de policías del 45.67 por ciento.

El reporte a diciembre pasado arroja que el estado de fuerza real operativo a nivel nacional de las policías preventivas estatales es de 121 mil 997, contando sólo a los elementos que han aprobado sus pruebas de control de confianza.

Esto representa que hay 0.96 policías por cada mil habitantes, por lo que se requieren en los estados 102 mil 531 elementos para alcanzar el estándar mínimo de 1.8 policías por cada mil habitantes, es decir, para tener los 224 mil 528 requeridos.

Del análisis por estados se desprende que únicamente la Ciudad de México se ubica por encima del estándar mínimo, con 4.3 policías por cada mil habitantes.

Después de ella, están “cerca” de alcanzarlo Yucatán, con 1.6, Tabasco, con 1.5, Chihuahua, con 1.4, y Campeche, con 1.2; mientras que el resto de las entidades tienen solo un policía o menos por cada mil habitantes.

 

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EN LA MIRA

En los últimos tres años, al menos mil 188 policías han sido asesinados en México, y la lista sigue creciendo cada día.

Esta cifra corresponde al recuento que desde el 2018 realiza la organización Causa en Común y comprende hasta el pasado 30 de junio.

El reporte publicado en su página de internet arroja que durante el 2018, fueron asesinados por lo menos 452 policías, lo que representa un promedio de 1.24 por día.

Mientras que en 2019 se registró una cifra similar, de al menos 446 policías, es decir, un promedio diario de 1.16, durante el primer semestre del 2020 fueron asesinados por lo menos 290 policías, lo que ha incrementado el promedio a 1.57 cada día.

¿Y LAS CONDICIONES?

En cuanto a sus salarios, un informe del Centro Nacional de Información del SESNSP, con corte a septiembre pasado, arroja que los policías operativos de seis entidades ganan sueldos inferiores a los 10 mil pesos mensuales, mientras que hasta esa fecha, sólo en San Luis Potosí superaban los 20 mil pesos.

En diciembre de 2019, se anunció que en Guanajuato, los policías estatales ganarían 20 mil pesos mensuales, aumentó que entró en vigor en enero de 2020.

Según dicho reporte, los estados donde los elementos ganan menos son Chiapas, Ciudad de México, Tlaxcala, Baja California Sur, Oaxaca y Tabasco.

De acuerdo con la última edición de la encuesta ¿Qué piensa la policía?, de Causa en Común, el 46 por ciento de los policías de 28 estados que aceptaron que sus elementos fueran consultados ganan entre 10 mil y 15 mil pesos mensuales, el 36 por ciento menos de 10 mil pesos y sólo el 18 por ciento más de 15 mil pesos.

Los resultados arrojan que el salario promedio nacional es de 11 mil 787 pesos mensuales, siendo Baja California, San Luis Potosí, Sonora, Aguascalientes y Querétaro donde el salario promedio es más alto -de 14 mil 396 pesos a 18 mil 201-, y Campeche, Hidalgo, Chiapas, Tlaxcala y Oaxaca, donde es más bajo, de 7 mil 346 pesos a 9 mil 218 pesos.

Aunado a los bajos salarios, quizá uno de los datos más alarmantes es que más de la mitad, el 51 por ciento, ha tenido que pagar de su bolsillo por cuestiones tan básicas para su labor, como es su calzado o botas, principalmente en Chihuahua, Sonora y Veracruz; el 44 por ciento por fornituras; el 42 por ciento por uniforme; el 35 por ciento en papelería para informes; el 25 por ciento en reparación de patrullas y en cartuchos; y el 12 por ciento en chalecos antibalas y en gasolina para su patrulla.

Además, 8 de cada 10 policías no cuentan con seguro de gastos médicos mayores; siete no cuentan con gastos funerarios; casi 4 de cada 10 no tienen seguridad social; el 24 por ciento carece de seguro de vida; y el 8 por ciento dijo no recibir aguinaldo.