Por consulta sobre el aeropuerto, el PRI propone esto para frenar este ejercicio


El inicio de la consulta para definir el futuro del proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), ha hecho que los ciudadanos y políticos muestren su opinión respecto al tema.

Esto sucedió en la Cámara de Senadores, principalmente en el grupo parlamentario del PRI que ha desatado la discusión ya que propuso ante el pleno se reforme el artículo 35 constitucional en materia de negativa de consulta popular a obras de infraestructura.

La encargada de realizar dicha propuesta fue la senadora –y presidenta del PRI-, Claudia Ruiz Massieu, quién señaló que la actual consulta es un instrumento que se ha deformado pese a ser una gran herramienta participativa.

“Este pretendido ejercicio de participación ciudadana (consulta sobre el aeropuerto) está cargado de elementos ideológicos y estériles calificaciones, que solo dividen a la sociedad y la confunden. Se trata desde nuestro punto de vista de una maniobra política disfrazada de democracia participativa”, señaló.

Pese a la simulación, como le llama la priista, reconocen que el ejercicio participativo sirve para tomar en cuenta a los ciudadanos.

“Estamos convencidos de que la participación ciudadana en sus múltiples formas, constituye un paso firme para la modernidad democrática y que la consulta popular representa una herramienta muy útil sobre la eficacia del sistema político mexicano y para enriquecer el goce de las libertades. Pero no como lo que se está viviendo en estos días por que no se sabe quién es quién la está convocando”, apuntó.

¿Por qué el PRI dice que no?

El partido del actual presidente, Enrique Peña Nieto, señala que la consulta popular sobre el NAIM no cumple con las normas previstas para las consultas populares además de que es tendenciosa ya que sugiere una opción específica.

“Por eso presentamos la iniciativa para establecer específicamente la restricción de llevar a cabo consultas populares cuando se trate de infraestructura de obras de infraestructura pública de carácter federal. No podemos permitir que se presenten supuestas consultas ciudadanas que generan desconfianza, polarización social y le cuestan al país”, señaló la senadora del PRI.

 

¿Qué dice el artículo 35?

La Constitución Política señala en su artículo 35 apartado sexto que “Se podrá votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional, las que se sujetarán a lo siguiente:

1o. Serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición de:
a) El Presidente de la República;
b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión; o
c) Los ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, en los términos que determine la ley.
Con excepción de la hipótesis prevista en el inciso c) anterior, la petición deberá ser aprobada por la mayoría de cada Cámara del Congreso de la Unión,
2o. Cuando la participación total corresponda, al menos, al cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales y para las autoridades competentes;
3o. No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución; los principios consagrados en el artículo 40 de la misma; la materia electoral; los ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta;
4o. El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo, en forma directa, la verificación del requisito establecido en el inciso c) del apartado 1o. de la presente fracción, así como la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados;
5o. La consulta popular se realizará el mismo día de la jornada electoral federal;
6o. Las resoluciones del Instituto Nacional Electoral podrán ser impugnadas en los términos de lo dispuesto en la fracción VI del artículo 41, así como de la fracción III del artículo 99 de esta Constitución; y
7o. Las leyes establecerán lo conducente para hacer efectivo lo dispuesto en la presente fracción.

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