Confían en que el gobierno elimine malas prácticas en adquisiciones


El presidente López Obrador ha destacado en reiteradas ocasiones que su administración busca combatir los conflictos de interés, al señalar que si bien en algunos casos no son ilegales, sí son inmorales.

En ese orden, ha destacado los casos de expresidentes y exfuncionarios que al dejar la función pública, se integraron a las filas de empresas que obtuvieron algunos beneficios durante el periodo que tuvieron algún cargo gubernamental.

Aunque el combate a este tipo de conflictos de interés ha quedado clara, existen dudas sobre lo que el gobierno federal hará en el caso inverso: cuando personas provenientes del sector privado se integren a la administración pública y tengan en sus manos la posibilidad de beneficiar a sus antiguos jefes.

Y es que con el fin del sexenio peñista, también llegó el fin de algunos contratos de servicios cruciales para el funcionamiento del gobierno federal y la estabilidad del país. No hay duda de que es momento de renovaciones en la prestación de servicios al Gobierno.

Las expectativas sobre el nuevo gobierno son altas, se ha hablado de que se acaben los ‘moches’ y las licitaciones a modo; se espera también que haya mayores controles ahora que se ha mencionado que no debe haber conflictos de interés.

Ya se ha señalado, de igual manera, que no se vale que un servidor público deje de serlo para trabajar en una empresa y logre beneficios indebidos, pero no se ha mencionado mucho de personas que estaban en empresas y ahora se encuentran en el gobierno.

Este conflicto de interés puede dar paso a que un servidor público busque beneficiar a exjefes en algunas contrataciones, y la cosa se pondría peor si además esos beneficios se reflejan en el pago de costos por servicios equivalentes a más del doble de lo que se pagaba apenas el año pasado.

Por eso, nos dicen, el nuevo responsable de las compras en la SEGOB aplica toda su experiencia para que no haya personajes abusivos dentro de su equipo, aprovechando que va llegando, y que pretendan incurrir en alguna práctica de esas que este gobierno ya ha advertido que no va a permitir.

El papel de la SEGOB es crucial, pues en esa dependencia descansa la gobernabilidad del país y debe descansar el ejemplo de honestidad, transparencia y combate a la corrupción, del que tanto se habla. no vaya a ser que con el pretexto de garantizar la funcionalidad institucional se contraten servicios de tecnología en condiciones leoninas.

Bien dicen que más vale prevenir que lamentar. Recién se ha comentado que hay alguien que, con aparentes buenas intenciones, requiere que proveedores presenten cotizaciones de servicios esenciales para la SEGOB en menos de 24 horas. Una prisa inusual que impide que quienes seriamente funcionen en el mercado puedan acercarle algo que le sirva a dicha dependencia.

Al mismo tiempo, esa prisa sugiere que si alguien sabe con antelación de la misma y lo que se necesita, esté en mejor posibilidad de acercarle los servicios al gobierno.

A lo mejor es sólo una sospecha, pero será mejor que la secretaria Sánchez Cordero se eche un clavado para evitar cosas buenas que parezcan malas o cosas malas que parezcan buenas. Con que se respeten los procedimientos de ley, basta.

 

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